Primicias24.com- Tres alcaldes que comparecieron este martes ante una comisión del Senado reforzaron las sospechas de corrupción que, la semana pasada, causaron la renuncia del ministro de Educación brasileño, Milton Ribeiro.
El ahora exministro, también pastor de una iglesia presbiteriana, dejó el Gobierno acorralado después de que la prensa local denunció que parte de los presupuestos de su despacho era destinada a líderes evangelistas que forman parte de la base de apoyo al presidente Jair Bolsonaro.
Esa denuncia fue ratificada este martes ante la Comisión de Educación del Senado por los alcaldes Gilberto Braga, José Manoel de Souza y Kelton Pinheiro, respectivamente de las pequeñas ciudades de Luís Domingues, Boa Esperança do Sul y Bonfinópolis.
Braga dio la declaración más contundente y aseguró que para tener acceso a recursos del Ministerio de Educación para su municipio debía tratar con un pastor supuestamente enviado por Ribeiro, que le exigió dinero y «un kilo de oro» para tramitar la liberación.
Aclaró que no aceptó ese pedido de coima y que, al parecer debido a esa negativa, el municipio no recibió el dinero presupuestado para la construcción de dos guarderías y una escuela.
Las sospechas nacieron de un audio obtenido por el diario Folha de Sao Paulo en el que Ribeiro comenta que los presupuestos del Ministerio de Educación tenían entre sus prioridades los proyectos que impulsan pastores de iglesias pentecostales afines al Gobierno.
«Mi prioridad es atender, primero, a los municipios que más precisan, y segundo, a los amigos del pastor Gilmar», decía Ribeiro en alusión a un líder religioso cercano a Bolsonaro, y agregaba que era «un pedido especial» del propio «Presidente de la República».
Ribeiro desmintió luego que hubiera recibido algún pedido similar de Bolsonaro, quien antes de su renuncia defendió con énfasis al ministro, por quien dijo que hasta pondría «la cara en el fuego».
El asunto es investigado por la Fiscalía General y se suma a otras sospechas de corrupción en el Ministerio de Educación, que son analizadas por el Tribunal de Cuentas (TCU), organismo auditor del gasto estatal.
El TCU, de hecho, ordenó suspender un concurso previsto para este mismo martes por el Ministerio de Educación para la compra de 3.850 autobuses que serán destinados a las escuelas públicas, debido a sospechas de sobreprecios y otras irregularidades en el proceso. EFE
