Primicias24.com – La lucha emprendida por el Presidente Bolivariano Nicolás Maduro contra la corrupción y la guerra económica desde el ejecutivo nacional a los ladrones de PDVSA, CORPOELEC y CADIVI se quedó sola. Está siendo saboteada por algunos fiscales del ministerio público y jueces de la república que seguramente actúan del lado y en complicidad con los mega millonarios ladrones de las arcas y que campanean whisky 18 años en los mejores restaurantes del este de Caracas mientras el bravo pueblo se muere de hambre…. de no ser así; ya deberían de estar imputados y detenidos los empresarios Venezolanos Antonio Padrino, Enrique Pradera y Blass Herreras.
El Tribunal del distrito Sur de New York presidido por el juez William H. Pauley III Magistrado en la sala 20-B de la Corte develo y comprobó que los empresarios Venezolanos Antonio Padrino, Enrique Pradera y Blass Herrera son los responsables de sobreprecio, corrupción y desfalco en contra de la Republica.
Un poco de historia:
A finales del año 2007, Antonio Padrino, Enrique Pradera y Blass Herrera fundan el Consorcio KCT conformado por Cielemca, Trimeca y KBT “holding protagonista en una de las tramas de corrupción, legitimación, lavado y tráfico de influencia” que sacude la conciencia de los colectivos patrióticos de la república Bolivariana de Venezuela.
Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz propietarios de la empresa Miami Equipment & Export, dejaron al descubierto la estructura usada por el Consorcio KCT Cumaná Internacional para triangular los dineros públicos y convertirlos en fortunas salvadas en paraísos fiscales, no solamente para los dueños de esas empresas, sino para los que sirvieron de contactos en Pdvsa, Cadafe y Corpoelec para la asignación de contratos.
CONSORCIO KCT vendió cinco plantas eléctricas por más de 305 millones de dólares al gobierno de Venezuela ocho años después de aquellas adjudicaciones fraudulentas salieron en el juicio contra Miami Equipment & Export (una serie de nombres y empresas que cobraron dinero sin prestar servicios ni a Pdvsa, Cadafe y CorpoElec, ni a la empresa que sirvió de máquina para darle apariencia legal a esos fondos provenientes de la corrupción.
Documentos y folios dados a conocer en los tribunales de USA en la sala 20-B de la Corte del Distrito Sur de Nueva York aseguran que el 12 de julio de 2010, KCT compró una turbina (generador) para Refinería Bajo Grande por $20.609.824,74. Para esa misma fecha, se denunció en Venezuela que KCT vendió a Bariven una unidad GE LMS 100 en $95,6 millones, cuando el precio referenciado es de $35,6 millones. De ser la misma pieza, estaríamos hablando que el sobreprecio estaría en un orden de 74 millones 990 mil 176 bolívares.
En el tribunal que preside el juez William H. Pauley III Magistrado de la sala 20-B de la Corte del Distrito Sur de Nueva York se mencionaron y citaron los nombres de funcionarios venezolanos que según la fiscalía neoyorquina resultaron beneficiados de pagos ilegales por el Consorcio KCT, algunos de los mencionados en este escándalo de lavado de dinero: Rafael Ramírez Carreño, Fidel Ramírez C ,Enrique Rafael Cid Montes, Mario Vega Pérez ,José Luis León ,Teddy Peralta , José V. Rangel M , Ali Enrique Matute T y Nervis Villalobos .
Se mencionaron también los nombres de los empresarios dueños de KCT y otras empresas que participaron en el esquema de corrupción y lavado de dinero, a saber: Enrique Padrella (KCT) , Antonio Padrino (KCT) ,Blas Herrera(KCT) , Antonio Herrera (hermano de Blas Herrera KCT) , Ariano Martín (KCT) ,Elisbert Becerra Guzmán (Secretaria de Blas Herrera) ,José Miguel García (KCT) , César Cardozo (Cielemca CA) , José Garantón (Cielemca CA) ,Rodolfo Somani (EMA CA) , Ramiro Donato , Luis I. Franca Monsalve , Gustavo Hernández , Eduardo Marcano , Ricardo Díaz, Eduardo Navarro Pan , Luis Guevara José Cañizalez , Remigio Otero.
Empresa registrada
Las empresas mencionadas en el juicio como beneficiarias del dinero son las siguientes:
KCT
KBT CA (Valencia)
Kingsway LDA (Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas)
Adimar International Limited (Blas Herrera, Antonio Padrin, Enrique Pradella, Mario Herrera)
Levack Limited LTD Islas Vírgenes (Mismos dueños de KCT y Adimar)
Posner International INC (Panamá) (Enrique Pradella y José Miguel García)
Quinfra Investment LLC y Constructora Quinfra (Luis I. Franca Monsalve, Ingrid Susana Prato)
Sumus INC
Gargel International Corp (Panamá)
Eurogan SA (Panamá)
ACM Equipment LLC
IRC Spa (Bologna Italia)
Consultotal (Islas Vírgenes)
PAMNET S.A.
Como se hacía para legitimar el dinero
La estrategia de KCT:
El Consorcio KCT usó una empresa familiar que vendía equipos de construcción en Miami y la colocó como puerta de entrada a los Estados Unidos de los dineros provenientes de contratos fraudulentos del gobierno venezolano y de Cadivi. La empresa con sede en Doral, Florida —según mostraron en el juicio los fiscales— reportaba ganancias modestas a las autoridades.
Los defensores de Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, Miami Equipment & Export hicieron un esfuerzo ante el jurado de explicar que la empresa propiedad de los dos acusados es de tradición familiar con más de 3 décadas de fundada. Explicaron además que Luis Díaz Jr. conoció a Enrique Pradella y Antonio Padrin (dueños de KCT) desde que este se inició en el negocio de venta de equipos de construcción. “Más que una relación comercial, ellos se hicieron muy buenos amigos”, dijo el abogado George Vila ante el juez.
Una evaluación de las finanzas de Miami Equipment & Export hecha por el gobierno estadounidense reveló que desde el 1° de enero de 2010 hasta junio de 2016, la compañía de los acusados, reportó beneficios por el orden de 150 millones 400 mil 881,31 dólares, de los cuales -de acuerdo con la fiscalía neoyorquina- 106 millones 757 mil 106,42 dólares corresponden a dinero enviado desde Venezuela por KCT.
Durante la primera semana de juicio los jurados, 12 mujeres y 3 hombres, vieron la presentación incansable de cuentos de pruebas que evidenciaban dislates en las finanzas de la empresa, las cuales llamaron la atención de los investigadores de los órganos controladores del estado norteamericano.
Dos testigos llamados por el gobierno al estrado confirmaron las irregulares conseguidas en unas 46 cajas de documentos físicos, y cientos de GB de evidencias electrónicas que usó el gobierno estadounidense para tratar de demostrar -más allá de la duda razonable- que los dos acusados incurrieron en una serie de violaciones a leyes federales relacionadas con la prevención del lavado de dinero y del manejo de un banco sin licencia.
Durante la jornada se enseñaron al jurado decenas de facturas, correos electrónicos y estados financieros que buscaban demostrar que existía un esquema -que funcionó por más de 6 años -que permitía que KCT (y otras empresas venezolanas) usaran a Miami Equipment & Export (ME&E) como banco. Es decir, “los clientes” de la empresa norteamericana, enviaban desde Venezuela millones de dólares y soportaban dichos envíos con facturas falsas de servicios profesionales y asesorías de ingeniería que nunca se habían hecho. Las facturas falsas eran realizadas en Caracas a nombre de ME&E, pero en las finanzas de la empresa estadounidense y en los papeles de impuesto del Servicio de Rentas Internas (IRS), así como en las guías de exportación, no aparecía reflejado que ME&E tuviese relación con los supuestos “consultores” a quienes depositaba millones de dólares en sus cuentas bancarias ubicadas -en su gran mayoría- en paraísos fiscales.
Dentro de las facturas que llamaron la atención estaban unas usadas para pagar supuestos servicios prestados a la empresa de los Díaz por Adinar Internacional Limited, cuyos dueños Blas Herrera, Enrique Pradella, Antonio Padrin, Mario Herrera, resultaron ser los mismos propietarios del Consorcio KCT. Es decir, KCT enviaba el dinero desde Venezuela a ME&E y esta empresa norteamericana se los depositaba en cuentas de bancos estadounidenses a los mismos sujetos, pero en nombre de una compañía diferente (Adinar). A lo largo de la evaluación hecha por los expertos de la Red de Aplicación de Delitos Financieros FinCEN, ME&E transfirió desde sus cuenta bancarias a las de Adinar, 37 millones 621 mil 50 dólares.
Estos empresarios hicieron obras y procura con miles de millones de dólares $ U.S.A de sobreprecio bajo la mirada cómplice de la ex fiscal general de la república y por los organismos de investigación penal del país , sobornaron a cuanto gerente o funcionario de corpoelec y pdvsa estuviere en función ……¿ como se explica que estos ciudadanos no estén presos ? , por tal razón los miembros y activistas de la fundación Por la Repatriacion de Capitales acudirán a la OFAC, Departamento del Tesoro, ONU, Interpol, DEA y la Comunidad Económica Europea para que se le aplique el peso de la justicia y se le expropien los bienes que ostentan hoy día producto de saqueo a Venezuela.
Enrique Rafael Cid Montes -quien fuera asesor del Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica
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