Primicias24.com- Este martes la misión de Venezuela en la OEA tildó de «grotesca farsa mediática» el informe hecho por un grupo de expertos designados por el secretario general del organismo, Luis Almagro, en el que se acusa al Gobierno venezolano de haber cometido crímenes de lesa humanidad.
Mediante un comunicado, la misión de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) manifestó «su profundo y categórico rechazo» al documento y consideró que es «resultado de un procedimiento ilegal, violatorio de toda norma y principio» del derecho internacional y de las reglas del organismo.
Cabe destacar que el informe fue presentado hoy en la sede de la OEA en Washington por el panel de expertos, constituido por Santiago Cantón, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Manuel Ventura Robles, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; e Irwin Cotler, exministro de Justicia de Canadá.
«Dicho documento carece de valor jurídico pues emana de una autoridad usurpada. El secretario general se arroga una atribución que ni la propia OEA tiene como es la de ser una instancia judicial. En tal sentido, no es más que una grotesca farsa mediática», aseguró la misión de Venezuela.
En el informe, el grupo de expertos sostiene que existe un «fundamento razonable» para considerar que el Gobierno de Venezuela ha cometido crímenes de lesa humanidad, y que por tanto, puede ser denunciado ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya.
La OEA como organización no tiene capacidad para enviar un caso a la CPI pero sí pueden hacerlo cualquiera de los Estados miembros del organismo panamericano que hayan suscrito el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de esa corte.
De los 34 Estados miembros de la OEA, 28 (incluido Venezuela) han ratificado dicho Estatuto.
Si ningún país denunciara a Venezuela, y hasta ahora ninguno ha mostrado voluntad de hacerlo, Almagro podría enviar a título personal la información a la CPI.
La diferencia radica en que, si un Estado denuncia a los miembros del Gobierno de Venezuela ante ese tribunal, la Oficina del Fiscal debe abrir una investigación de manera automática; mientras que si lo hace un individuo (en este caso Almagro) la Fiscalía debería recibir la autorización previa de un grupo de jueces.
El informe fue elaborado a partir de 26 testimonios de personas que intervinieron en audiencias celebradas el año pasado en la OEA, así como decenas de testimonios de víctimas entregados a la Secretaría General y documentos de más de 40 organizaciones no gubernamentales.
Con información de Contrapunto.com
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