Primicias24.com – La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó este miércoles, 30 de mayo, que el Gobierno de Venezuela es responsable por la «desviación de poder» y «discriminación política» en contra de los funcionarios que aparecían en la denominada «Lista Tascón».
“La CIDH encontró responsable al Estado de Venezuela por la violación a los derechos políticos y libertad de pensamiento y expresión de Rocío San Miguel Sosa, Magally Chang Girón y Thais Coromoto Peña. Igualmente, encontró responsable a Venezuela por la desviación de poder y discriminación política que significó la terminación arbitraria de sus contratos laborales», reza un comunicado emitido por e organismo defensor de los derechos humanos.
Para la Corte, esta la publicación de la «Lista Tascón», en la se encontraban los nombres de San Miguel, Chang y Peña, quienes eran funcionarias del Consejo Nacional de Fronteras y fueron despedidos, tuvo fines «intimidatorios» que buscaban «desincentivar la participación y la posibilidad de disidencias políticas», en un clima de «alta inestabilidad y polarización política», en la que caracterizaba un clima de «intolerancia a la disidencia».
Asimismo, la CIDH responsabilizó al Gobierno venezolano de violar la libertad de pensamiento y expresión, al llevar a cabo despidos arbitrarios con el din de «acallar y desincentivar» a la disidencia política. «(Los despidos) fueron instrumentalizado como factor ejemplarizante para que otras personas que ejercieron esa misma libertad se vieran amedrentadas de participar políticamente y eventualmente motivadas de manera ilegítima a retirar o ‘reparar’ sus firmas», agregó.
Además, el organismo internacional reconoció que hubo violaciones a los derechos humanos en el país, por lo que ordenó diversas medidas de reparación, entre ellas a adoptar medidas para que los hechos no queden impunes.
Cabe recordar que para el año 2003, diversos partidos políticos y miembros de la sociedad civil promovieron un referendo revocatorio contra el entonces presidente Hugo Chávez Frías, que contó con más de 3 millones de firmas de respaldo.
Sin embargo, antes de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) validara dichas firmas, el fallecido presidente Chávez comisionó al diputado Luis Tascón para que recibiera copias certificadas de las planillas. Los datos de los firmantes fueron publicados en una página web y acusaron a los firmantes de participar en «un megafraude».
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