Primicias24.com- Este miércoles finalizará el estado de emergencia impuesto por el Gobierno de Turquía luego del fallido intento de golpe de Estado en julio de 2016. La razón de ello es que el presidente Recep Tayyip Erdogan no continuará pidiendo su extensión tal y como lo ha venido haciendo cada tres meses desde que se decretó y en cambio este reforzará la legislación antiterrorista para “continuar la lucha contra el terrorismo de manera persistente y determinada”.
El Gobierno turco ampliará el abanico de motivos por el que se podrán prohibir las manifestaciones (al amparo del estado de emergencia, por ejemplo, se han vetado todos los actos LGTBI en la capitalina Ankara) y se mantendrán los poderes extraordinarios concedidos a los delegados provinciales del Gobierno que, entre otras cosas, podrán prohibir a ciertos individuos entrar o salir de determinadas áreas. También se incrementa el periodo de detención policial sin cargos respecto al periodo anterior al estado de emergencia: las 48 horas habituales podrán ser ampliadas hasta un máximo de 12 días dependiendo de las circunstancias.
Aunado a ello, por un periodo de tres años, el Gobierno podrá mantener intervenidas las empresas e instituciones que considere vinculadas al terrorismo, una medida diseñada contra la constelación de organizaciones ligadas a la cofradía de Fethullah Gülen, el clérigo exiliado en Estados Unidos al que se cree cerebro de la sublevación militar de 2016. Durante esos tres años, además, el Gobierno podrá recabar información sobre sospechosos y sus familiares, revocar sus licencias de armas y sus pasaportes, impidiéndoles así abandonar el país por vías legales.
Se mantendrán los poderes extraordinarios que han permitido a las instituciones gubernamentales purgar a unos 150.000 empleados públicos por la vía administrativa y sin apenas posibilidad de recurso judicial. Aquellos despedidos, además, no podrán volver a trabajar para el Estado “de manera directa o indirecta”. En caso de que los purgados de las fuerzas de seguridad sean readmitidos, no volverán a sus antiguos puestos, sino que serán asignados a “centros de investigación”.
Esto permitirá a Erdogan reforzar su control sobre la Policía y, especialmente, las Fuerzas Armadas. En este sentido, en los últimos días también se han aprobado nuevos decretos que colocan al Estado Mayor bajo la batuta del Ministerio de Defensa —una reforma exigida desde hace años por la Unión Europea— y eliminan el Consejo Militar Supremo, el organismo cívico-militar que decidía sobre las promociones y jubilaciones de la jerarquía castrense. A partir de ahora, será el presidente quien decidirá sobre la materia.
Turquía justificó las razones para endurecer la normativa antiterrorista en que lucha contra diferentes organizaciones armadas, sean los propios gülenistas, el grupo kurdo PKK y su filial siria YPG, el Estado Islámico y organizaciones de extrema izquierda. De hecho, el socio parlamentario del partido islamista de Erdogan, la formación ultraderechista MHP, se había mostrado contraria a levantar el estado de emergencia.
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