Primicias24.com El Gobierno de Nicaragua que preside el sandinista Daniel Ortega impuso un «Estado de terror permanente» en 2022 en el país centroamericano, concluyó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en un informe divulgado este viernes.
«En 2022 el régimen Ortega Murillo ha impuesto un Estado de terror permanente en Nicaragua a costa de numerosas estrategias represivas, que le han permitido permanecer en el poder aun cuando la voluntad de la gran mayoría de nicaragüenses es su salida y la rendición de cuentas por los crímenes cometidos», señaló el Cenidh en un informe anual enviado a la prensa.
En el informe, titulado «Nicaragua: se impone el terror, persiste la resistencia», el Cenidh sostuvo que «el régimen se ha ensañado» contra las 235 personas consideradas presas políticas, aplicándoles torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Además, les ha violado todos sus derechos humanos al tratarlos como «no personas» y negarles los servicios básicos, «con el claro objetivo de destruirles física y mentalmente junto a sus familias».
«PODER JUDICIAL, INSTRUMENTO DE REPRESIÓN»
Ese organismo, que fue ilegalizado como ONG a petición del Ejecutivo sandinista en el marco de la crisis que vive Nicaragua desde abril de 2018, también señaló al Poder Judicial como «el mayor instrumento de represión del régimen Ortega Murillo» en 2022.
Según el Cenidh, Ortega se ha valido del Poder Judicial, controlado por los sandinistas, «para encarcelar y enjuiciar inocentes», lo que calificó de «la acción más aberrante y violatoria de derechos humanos registrada en la historia más reciente de Nicaragua».
Denunció, asimismo, que «la Policía, turbas y fanáticos del régimen están organizados para mantener constante vigilancia, hostigar, agredir y amenazar a personas consideradas opositoras», incluidos activistas sociales, periodistas y defensores de derechos humanos.
«En 2022 el régimen empleó un patrón represivo sin antecedente en Nicaragua y este consistió en apresar a familiares de personas opositoras a las que no ha logrado capturar, exigiéndoles que se entreguen para que sus parientes sean liberados. Una práctica utilizada solo por las mafias o las peores dictaduras del mundo», denunció.
DESARTICULACIÓN FAMILIAR EN NICARAGUA
Por otro lado, el Cenidh alertó que el Gobierno «ha ocasionado la desarticulación de las familias nicaragüenses, obligándolas al exilio forzado».
«El núcleo de la sociedad está fracturado por la incesante represión y estado de terror, leyes represivas», entre otros problemas económicos y sociales, indicó.
Sobre el tema de la libertad de expresión y prensa en Nicaragua, para ese organismo «no existe».
«Las últimas voces de críticos, periodistas independientes han sido silenciadas, el régimen no solo ha optado por callarlos, también ha usurpado instalaciones y bienes de medios de comunicación», puntualizó.
Recordó que en 2022 las autoridades nicaragüenses ocuparon las instalaciones del diario La Prensa, que tuvo que exiliar a su redacción por razones de seguridad, lo que «significó el fin de toda esperanza por recuperar la libertad de expresión en el país».
LIBERTAD DE CONCIENCIA Y RELIGIÓN
Para ese organismo, tampoco hay libertad de conciencia y religión, las que más bien, dijo, han sufrido «hostigamiento, agresiones incluso detención arbitraria y procesamiento de decenas de sacerdotes, incluido el obispo de la diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez», quien se encuentra detenido desde el pasado 19 de agosto.
Según el Cenidh, Ortega he señalado a los sacerdotes nicaragüenses como sus principales enemigos «y está enfocado en destruirles la honra y la reputación».
Por tanto, el 2022 cerró como un año «con un saldo absolutamente negativo, en cuanto a la vigencia y respeto de los derechos humanos, de conformidad con las leyes nacionales y estándares internacionales sobre la materia», concluyó ese organismo, que pidió el acompañamiento firme y decidido de los sistemas y organizaciones internacionales de derechos humanos y el deber de protección de los Estados democráticos del mundo. EFE
