Primicias24.com El expresidente peruano Pedro Castillo no acudió este miércoles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, que lo había citado como testigo del fallido autogolpe que perpetró en diciembre pasado y por el que cumple 18 meses de prisión preventiva.
El grupo de trabajo, que preside la conservadora Lady Camones, tiene en sus manos la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, contra tres exministros de Castillo por la presunta comisión de los delitos de rebelión y conspiración.
En el marco de esta investigación parlamentaria, que incluye a la exprimera ministra Betssy Chávez y a los extitulares de Interior y Comercio Exterior y Turismo, Willy Huerta y Roberto Sánchez, respectivamente, la subcomisión tenía previsto escuchar hoy los descargos de varios testigos, entre ellos del exprimer ministro Aníbal Torres y de Castillo.
Pero el exmandatario no acudió a la cita y, en su lugar, se presentó virtualmente su abogado Eduardo Pachas, quien justificó que Castillo tenía programadas tres audiencias simultáneas y solicitó una reprogramación para que su cliente pueda asistir de forma presencial al Parlamento.
«He presentado un recurso para que se modifique la fecha y hora porque hay tres diligencias a la misma hora. Solicitamos que sea presencial. Solicitamos nos den acceso a la documentación», señaló Pachas.
Camones, por su parte, respondió que «no va a ser posible que (Castillo) pueda participar de manera presencial en la audiencia» y recordó que su participación es «como testigo porque ya se le levantó el fuero (presidencial) y hubo sustracción de la materia».
El Ministerio Público investiga por este caso a Chávez, Huerta y Sánchez por los hechos ocurridos el 7 de diciembre pasado, cuando el entonces presidente anunció en un sorpresivo mensaje a la nación la disolución del Legislativo, la instauración de un gobierno de emergencia y una reorganización del sistema judicial.
La SAC es el órgano encargado de considerar la procedencia de las denuncias constitucionales presentadas al Parlamento Nacional contra altos funcionarios del Estado, entre ellos ministros o presidentes, así como realizar la investigación en los procesos de acusación.
El pasado 11 de diciembre, el Congreso aprobó de madrugada una resolución legislativa que autorizaba al levantamiento de un fuero especial a Castillo, lo que permitió levantar la prerrogativa de antejuicio político al expresidente y dar lugar a una causa penal.EFE
