Primicias24.com – El número de detenidos por su presunta implicación en los dos carros bombas que estallaron en las últimas horas en Quito se elevó a diez este jueves, según detalló el Ministerio del Interior y la Policía Nacional de Ecuador.
En un primer momento la Policía detuvo a seis personas, entre ellas cinco ecuatorianos y un colombiano, tras el estallido del primer carro bomba. y posteriormente arrestó a otras cuatro personas por su presunta relación con el segundo vehículo con explosivos.
En una rueda de prensa, el comandante general de la Policía, Fausto Salinas, explicó que una de las hipótesis que manejan dentro de la investigación es que detrás está una banda criminal que quiere exhibir su poder tras las intervenciones realizadas por las fuerzas estatales en las cáceles para desarmar a estos grupos que controlan internamente las prisiones.
También sopesan que puedan estar motivados como protesta por una serie de traslados de presos que fueron cambiados de prisión.
Así lo sostienen al coincidir que los dos carros bomba estaban dirigidos contra edificios vinculados al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), el departamento estatal encargado del control y administración de las cárceles de Ecuador.
El primero estalló en la noche del miércoles frente a un edificio del Gobierno donde antes funcionaban oficinas del SNAI, mientras que el segundo explotó en la madrugada del jueves frente a otro inmueble con oficinas del mismo organismo estatal.
Ninguno de los dos estallidos causó víctimas, y solo el segundo de ellos generó daños materiales en la estructura del edificio.
Ambos vehículos albergaban en su interior dos bombonas de gas, mecha lenta y aparentemente dinamita.
DETENIDOS CON ANTECEDENTES
Salinas detalló que algunos de los detenidos cuentan con antecedentes por robo, tenencia ilegal de armas, asesinato y asociación ilícita.
Tres de los detenidos habían sido detenidos hace dos meses y dejados en libertad posteriormente, y hace quince días habían vuelto a ser capturados por su presunta relación con el robo de un camión en Quito, pero la causa fue archivada, según señaló el ministro del Interior, Juan Zapata.
«Tenemos que decirle ya como Estado a algunos jueces hasta cuándo tenemos que seguir soportando la impunidad. El país tiene que hacer una fuerza común y una cruzada cívica contra la impunidad», dijo Zapata.
Para el titular de la cartera de Interior, «lo de ayer son actos terroristas», tal y como el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) las declaró a esta serie de actos violentos cometidos por el crimen organizado.
«Son acciones calificadas como terroristas porque buscan infundir en la ciudadanía terror, pánico y miedo», añadió Zapata.
En la misma línea se pronunció el comandante Salinas, para quien «la mejor forma de enfrentar a estos grupos criminales es venciendo a la impunidad».
«Están capturados y tienen que ser juzgados como terroristas y sentenciados, y luego pagar la pena por tratar de imponer miedo en el país», concluyó.
MOTINES EN CÁRCELES
Los carros bombas se dieron después de una intervención de Policía y Fuerzas Armadas en la cárcel de Latacunga, a unos 70 kilómetros al sur de Quito, donde unos 2.200 policías y militares ingresaron para realizar una requisa donde hallaron 49 armas blancas y dos chalecos antibalas, entre otros objetos prohibidos dentro de la prisión.
El operativo se enmarcó dentro del estado de excepción decretado por el Gobierno desde finales de julio en el sistema penitenciario nacional y siguió a otras intervenciones realizadas semanas atrás en el complejo carcelario de Guayaquil, donde hallaron un arsenal de guerra en poder de los presos con fusiles, granadas y explosivos.
El objetivo del Gobierno con estas requisas es desarmar a las bandas criminales que controlan internamente los centros carcelarios y detener la serie de masacres que, por enfrentamientos entre estos grupos, han dejado más de 400 presos asesinados desde 2020.
La intervención en la cárcel de Latacunga también generó el miércoles motines en otras prisiones controladas presuntamente por la banda criminal Los Lobos, como la de Azogues y Cuenca, donde aún permanecen retenidos 50 guardias carcelarios y siete policías. EFE
