Primicias24.com El Representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) para América Central y el Caribe, Alberto Brunori, hizo este miércoles un llamado a que en las protestas antimineras en Panamá impere el respeto a los derechos humanos y no la violencia.
Así lo expresó Brunori durante una reunión con el Defensor del Pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc, para evaluar la situación actual en el país tras casi un mes de protestas en rechazo a un polémico contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), según informó en un comunicado el organismo de Naciones Unidas.
Ambos funcionarios hicieron un balance del impacto de las protestas en la población en relación al derecho a la vida e integridad física, acceso a la salud, seguridad alimentaria, acceso al trabajo y educación, libertad de prensa, libre tránsito, propiedad privada, y el derecho a la protesta pacífica.
En el encuentro, Brunori señaló la importancia de que las autoridades del Estado «garanticen plenamente el ejercicio del derecho a la protesta pacífica», a la vez que «hizo un llamado a los y las manifestantes para que se abstengan del uso de la violencia y adopten medidas para respetar los derechos humanos».
Esto incluye, dijo Brunori, «los derechos a la salud, a la alimentación y a libre movilización, en particular de las personas en situación de vulnerabilidad, así como el libre tránsito de ambulancias, vehículos de bomberos y otros vehículos que prestan atención de emergencia».
A su vez, el Ombudsman recordó que el derecho a la protesta «se debe ejercer de forma pacífica, sin mensajes de odio, a conciencia, con responsabilidad, sin menoscabar los derechos a terceras personas y respetando el derecho a la propiedad pública y privada».
También reconocieron que hay impactos sobre «la educación, la salud, las actividades económicas, y en general sobre la vida de las personas, especialmente aquellas que ya sufren por la inequidad existente y las brechas en el goce de sus derechos».
En la crisis generada por estas protestas, las mayores en décadas en Panamá, la educación es una de las más impactadas, con cerca de 800.000 alumnos de escuelas estatales que no reciben clases desde hace más de tres semanas y decenas de miles de ellos corren el riesgo de perder el año por una huelga docente en rechazo al contrato minero.
Las protestas son en rechazo a la renovación de la concesión a 20 años, prorrogable, a Minera Panamá, que explota la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica. El Parlamento descartó la derogatoria para esperar el dictamen del Supremo, que dio vía a recursos de inconstitucionalidad contra la mina. EFE
