El Movimiento Campesino de Nicaragua informó este sábado que solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que otorgue medidas cautelares a favor de dos «perseguidos políticos» pedidos en extradición a Costa Rica por el Gobierno de Daniel Ortega, uno de ellos ya entregado y que ahora guarda prisión en las afueras de Managua.
En una declaración, ese movimiento, que dirige el líder campesino excarcelado y desnacionalizado Medardo Mairena, explicó que con el apoyo de abogados internacionales presentaron ante la CIDH las peticiones de medidas cautelares a favor de los nicaragüenses Reinaldo Picado Miranda y Douglas Gamaliel Pérez Centeno, «a fin de garantizar sus vidas e integridad física».
Las autoridades nicaragüenses acusan a Pérez, de 44 años, también conocido como Douglas Gamaliel Álvarez Morales y alias ‘Relámpago’, como coautor de la muerte de una oficial y un civil en Nicaragua. Las autoridades de Costa Rica lo extraditaron el pasado 16 de febrero.
Otro acusado es el exmiembro de la «Contra» Reinaldo Picado Miranda, alias «comandante Omar», quien aún se encuentra encarcelado en Costa Rica.
«Con estas acciones pretendemos que las resoluciones de la CIDH establezcan un precedente para el Estado de Costa Rica, que garantice plenamente el derecho a la protección internacional de las personas que huyen de sus países para salvaguardar sus vidas e integridad, víctimas de gobiernos criminales, como es el caso de miles de nicaragüenses», dijo el Movimiento Campesino.
Asimismo, que se «permita al gobierno costarricense enmendar las fallas incurridas en los procesos de los nicaragüenses Reinaldo Picado y Douglas Pérez, evitando que la dictadura nicaragüense utilice la extradición y a la Interpol (Policía Internacional) para continuar persiguiendo, asesinando y torturando a cualquier voz disidente que consideran opositores».
El abogado costarricense Daguer Hernández, defensor de Pérez, ha explicado que este fue entregado porque el Estado de Costa Rica le negó el asilo político.
Los abogados de Pérez intentaron evitar la extradición por medio de recursos de hábeas corpus frente al riesgo de que el nicaragüense sea sometido a tortura por el Gobierno de Nicaragua, que es señalado por numerosas organizaciones internacionales y países, incluido Costa Rica, de violar los derechos humanos de opositores y de mantener presos políticos.
