Primicias24.com El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, extendió este viernes por 30 días más el último estado de excepción que había decretado en 6 de las 24 provincias del país y un municipio de una séptima provincia, por grave conmoción interna para hacer frente al crimen organizado.
El estado de excepción había sido declarado por Noboa originalmente por 60 días, a partir del 2 de julio.
Mediante un nuevo decreto, Noboa mantuvo por un mes más esta medida excepcional en las costeras provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena y El Oro, en la tropical provincia de Los Ríos y en la amazónica provincia de Los Ríos, así como en el municipio de Camilo Ponce Enríquez, un enclave minero de la sureña andina provincia de Azuay donde las bandas criminales buscan apoderarse de su actividad.
En diecinueve municipios de las zonas contempladas en este estado de excepción se mantendrá un toque de queda nocturno que regirá entre las 22:00 y 5:00 hora local (3:00 – 10:00 GMT).
El estado de excepción supone la suspensión de algunos derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y la inviolabilidad de la correspondencia, además del derecho a la libertad de reunión siempre que se garantice el derecho a la protesta pacífica, conforme lo dictaminó la Corte Constitucional en su revisión de este último estado de excepción.
A inicios de agosto, el máximo tribunal de garantías de Ecuador validó este estado de excepción decretado por Noboa tras haber anulado los dos anteriores al considerar que no estaban debidamente justificados y que la declaración de «conflicto armado interno» realizada por el mandatario no era suficiente argumento para declarar dichos estados de exepción.
Ecuador se volvió el primer país de Latinoamérica en homicidios per capita, con una tasa de 47,2 por cada 100.000 habitantes en 2023, ocho veces mayor respecto a 2016, producto del auge de la violencia de los grupos criminales, principalmente dedicados al narcotráfico, aunque también están incursionando en la minería ilegal.
Desde inicios de año, Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de «conflicto armado interno», con lo que pasó a catalogar a estas bandas como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales, a la vez que decretó un estado de excepción con el que, entre otras acciones, militarizó las cárceles controladas por estas organizaciones.
