Primicias24.com.- La consigna “fuera Petro” se terminó por convertir es un eslogan revelador sobre la postura de un sector opositor que insiste en la ilegitimidad del gobierno colombiano, por primera vez en la historia de corte progresista, un dato que no es menor. Se trata de un ataque contra el progresismo al que no se debate ni controvierte, mientras se impone la idea de que es incompatible con algunos principios liberales como la economía de mercado, la libertad de empresa, el Estado de derecho y hasta los derechos humanos. No deja de ser paradójico porque este conservatismo reaccionario avanza en el mundo con el discurso anti derechos amparado en las improvisadas y jabonosas tesis del globalismo, la ideología de género y el supuesto odio de clases, constructos sin bases, pero de un atractivo que debe preocupar.
Esta semana por cuenta de una decisión de una sala del Consejo de Estado (es el máximo tribunal del contencioso administrativo) se aclaró que el Consejo Nacional Electoral tiene la potestad para investigar la campaña que llevó a la presidencia a Gustavo Petro. Ese Consejo tiene una composición en la que tienen una cuota los partidos políticos y está encargado de investigar y ejercer una vigilancia sobre las campañas en las elecciones según el artículo 265 de la Constitución colombiana. El CNE no es un tribunal electoral, ni tiene competencias para juzgar al presidente, cuyo juez natural es el Congreso, como suele ocurrir en los presidencialismos. según articulo publicado por el diario.red
Ahora bien, la sensación que ha quedado en los medios y en parte de la llamada opinión pública es que, a raíz de la decisión del Consejo de Estado y por la postura insistente del CNE en denunciar la violación de los topes (umbrales) de financiación de la campaña, el gobierno tendría un manto de ilegitimidad. Claro, corresponde a las autoridades investigar la campaña, pero no al presidente pues ésta es competencia exclusiva del Congreso. La investigación además es extemporánea y no tiene en cuenta que la financiación de la campaña no debe incluir a los costos en los que se incurre para el desplazamiento de los testigos electorales el día de la elección, tal como reza la acusación en contra de la campaña que llevó a Petro a la presidencia en 2022.
¿Está en marcha un golpe blando contra Petro? No hay consenso dentro de los sectores opositores sobre la viabilidad de una acción de ese tipo. Si bien es cierto que un sector del establecimiento aún no acepta el resultado de las urnas, su salida abrupta del poder significaría un estallido social sin antecedentes en la historia contemporánea colombiana. En estos dos años de gobierno de izquierda, la extrema derecha se ha desubicado pues la apuesta era que fuese tal el descalabro económico y la ingobernabilidad que casi sin mover un dedo, Petro terminaría pasando a la historia como el peor experimento político del último tiempo y prevaleciera una suerte de nostalgia por estas décadas ininterrumpidas de neoliberalismo desde los 90 (con la excepción de Ernesto Samper, 1994-1998, liberal progresista). No obstante, el desempleo está en un digito, la inflación bajo contracción (mérito mayor pues se ha presumido que la inversión social tiene efectos inflacionarios), 1,5 millones de personas salieron de la pobreza y el crecimiento económico proyectado por el Banco Mundial para 2025 ubica a Colombia entre los que más expansión tendrán en América Latina. Nada más contrario a los planes de la oposición.
