Primicias24.com- La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), aprobó el día 19 de junio un acuerdo en donde solicitan la cooperación de organismos internacionales, y parlamentos de otros países, que conlleven a la detención y enjuiciamiento de los ciudadanos Rodolfo Sanz, Joel Orta Moros, Jorge Rojas Montero, Carlos Moran y Alejandro Ceballos por daños causados al patrimonio público y otras actividades contrarias al orden público, entre ellas: Peculado, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y legitimación de capitales, entre otros.
El Parlamento venezolano solicitó la congelación de las cuentas bancarias de los mismos, así como títulos, valores e inversiones que mantengan los ciudadanos y la confiscación de los bienes muebles e inmuebles de su propiedad.
Debido a esto, la AN autorizó a esta Comisión para que eleve esta denuncia ante los órganos jurisdiccionales de Inglaterra, Estados Unidos de Norteamerica, Rusia, China y países que conforman la Unidad Económica Europea.
Cabe destacar que, de acuerdo a lo dispuesto del numeral 3 del artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es un deber ineludible de los Miembros de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, el control sobre el Gobierno y La administración Pública Nacional.
También dentro de las atribuciones conferidas en el artículo 64 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional está, la vigilancia, Control y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales, así como de las entidades Públicas Sujetas a su Control. En este sentido, el artículo 65 del Reglamento les faculta a esta Comisión a dar inicio a las investigaciones, sustanciar y emitir un informe definitivo sobre las denuncias que se propongan ante su seno.
En otro orden de ideas, se conoció que la denuncia presentada en contra de Rodolfo Sanz, en su condición de Ex Ministro de Empresas Básicas y Minería de la República Bolivariana de Venezuela y Johel Orta Moros, es por estar relacionados con la presunta emisión y negociación de bonos emitidos por la empresa CVG, colocación de oro de la también empresa Nacional Minerven y negociación fraudulenta de cabillas, todo ello en perjuicio del Estado venezolano.
Debido a lo antes mencionado, el Poder Legislativo indicó que estos hechos resultan de tal gravedad, ya que involucran el interés público y patrimonio de la Nación, lo que hace necesario la apertura del procedimiento correspondiente para la determinación de la responsabilidad política, administrativa de los funcionarios públicos y terceros que aparezcan relacionados con esos hechos e incluso la solicitud de apertura de la averiguación penal ante los órganos jurisdiccionales, de ser procedente.
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