Primicias24.- El mayor general venezolano retirado Cliver Alcalá Cordones, quien fue extraditado a Estado Unidos y enfrenta cargos por narcotráfico junto al gobernante Nicolás Maduro y otros altos funcionarios de su régimen, es el blanco de otra investigación federal que podría acarrearle cargos adicionales, dijeron abogados en una audiencia.
La revelaciones sobre la situación del militar venezolano, dadas a conocer durante una audiencia de rutina, añade una nueva capa de intriga sobre un caso ya plagado por el surrealismo.
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Alcalá, quien fue un hombre de confianza del fallecido presidente Hugo Chávez, se entregó en Colombia a finales de marzo y fue extraditado a Estados Unidos pocas semanas antes del lanzamiento de una incursión armada contra el régimen de Maduro en mayo que fracasó espectacularmente y en la que él jugó un papel central conjuntamente con una compañía de seguridad con sede en la Florida.
¿NARCOTRAFICANTE O LIBERTADOR?
Tras distanciarse públicamente del régimen de Maduro, el general reconoció en entrevistas de prensa a inicios del año pasado que él estaba trabajando junto con soldados disidentes venezolanos en la liberación de Venezuela.
Alcalá se entregó en Barranquilla, donde había estado viviendo, poco después de que el Departamento de Estado ofreciera una recompensa de $10 millones por su captura. El militar venezolano fue transportado poco después hasta White Plains, Nueva York, después de lo cual desapareció de los medios públicos.
El nombre de Alcalá no aparece por ningún lado en el localizador online de la Oficina Federal de Prisiones.
El caso contra Alcalá, 59, despierta la atención porque es raro que el sistema de justicia de Estados Unidos introduzca cargos contra la plana mayor de un gobierno extranjero. La acusación judicial develada en marzo alega que Maduro y su círculo más cercano convirtieron a Venezuela en un narco-estado.
Específicamente sobre Alcalá, la acusación alega que él trabajó estrechamente con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para transportar cocaína a través de Venezuela con rumbo a Estados Unidos.
En la acusación judicial también aparece el nombre de Hugo “el pollo” Carvajal, el ex jefe de espías de Chávez, quien fue detenido en abril del 2019 en España bajo pedido de la justicia de Estados Unidos, que había emitido una orden de arresto contra él en el 2011.
El Departamento de Estado también había ofrecido una recompensa de $10 millones por su arresto y poco antes de su detención había emitido un video dirigido a la Fuerza Armada venezolana instándoles a levantarse contra Maduro. Carvajal estaba en vías de ser extraditado a finales de ese año, pero desapareció y no ha vuelto a ser visto en público.
Alex Saab también aparece en la lista de personas vinculadas al régimen que Estados Unidos quiere extraditar. El empresario colombiano es solicitado por fiscales federales del Sur de la Florida ante cargos de que defraudó $350 millones de las arcas del Estado venezolano tras sobornar funcionarios para obtener jugosos contratos.
Arrestado en Cabo Verde en junio, Saab recibió un duro golpe esta semana cuando una corte de apelaciones aprobó su extradición. Sus abogados han prometido apelar ante la máxima corte, pero portales de noticias en Colombia reportaron que al empresario cercano a la familia de Maduro le quedan pocas opciones legales.
Debido a que las cortes federales están cerradas en su mayor parte debido a la pandemia con el COVID-19, Alcalá participó desde prisión a través de un teléfono y habló a través de un intérprete en la audiencia presidida por Alvin Kenneth Hellerstein, juez senior de la corte federal del Distrito Sur de Nueva York.
LA AUDIENCIA EN NUEVA YORK
La audiencia duró apenas algunos minutos y terminó cuando los fiscales informaron a Hellerstein que más tiempo era requerido para revisar los documentos provenientes de una segunda investigación sobre las actividades de Alcalá, que era realizada por una agencia gubernamental diferente.
Ese anuncio constituía un nuevo acontecimiento en el caso que inquietó al juez, quien mostró preocupación sobre la posibilidad de que los documentos sean introducidos de manera selectiva, perjudicando la defensa del general.
“¿Están siendo filtrados por ustedes o está otra persona realizando la selección?” preguntó Hellerstein a los fiscales en referencia a los documentos.
El fiscal Matthew Laroche respondió que no hubo ningún tipo de selecciones previas de documentos y y que su oficina los estaba revisando todos para determinar cuáles eran relevantes para el caso.
La audiencia luego fue aplazada hasta el 10 de marzo para darle tiempo a los fiscales para revisar todo el material y para luego compartirlo con el equipo de defensa.
Los fiscales explicaron que las semanas adicionales eran necesarias porque se trataba de una gran cantidad de documentos.
“Han producido una gran cantidad de materiales de investigación, por lo que tenemos más que suficiente para revisar”, dijo César de Castro, el abogado defensor principal con sede en Nueva York.
Los fiscales no brindaron detalles sobre la otra investigación sobre Alcalá, pero múltiples personas que participaron en la fallida incursión militar de mayo han admitido haberle suministrado información al FBI.
EL FBI Y COLOMBIA
La oficina de Tampa del FBI confiscó fondos pertenecientes a Jordan Goudreau, cuya compañia, Silvercorp, estuvo involucrada en las labores de entrenamiento de los militares insurgentes. El ex boina verde luego dijo que las autoridades le devolvieron el dinero.
La oficina del FBI ha declinado en distintas ocasiones comentar sobre el caso.
Goudreau figuró en el centro de una investigación realizada conjuntamente por el Miami Herald, el Nuevo Herald y McClatchy que detalló cómo fue que se materializaron los esfuerzos por derrocar a Maduro con el conocimiento de funcionarios o personas cercanas a la administración de Donald Trump.
Los sobrevivientes del fallido intento atribuyen el fracaso a la infiltración del movimiento por parte del régimen de Maduro. Al menos ocho personas murieron en la operación y cerca de 50 personas fueron capturadas, incluyendo los ex soldados estadounidenses Luke Denman y Airan Berry, quienes trabajaban para Silvercorp.
Yacsy Alvarez, una traductora venezolana que tiene vínculos en Tampa, ayudó a Goudreau a comunicarse con Alcalá. Ella fue arrestada y es acusada de haber ayudado a Goudreau y al general a introducir armas en el país para usarlas en el fallido golpe de estado.
