El fin del chantaje habitacional en Venezuela
Primicias24.com.- El editor y director de Primicias24.com Carlos Herrera, afirma que la regularización de la titularidad de los apartamentos y casas adjudicados por la Gran Misión Vivienda a familias vulnerables que inicio con Hugo Chávez no es solo un acto de justicia; es la entrega definitiva del derecho a la propiedad privada. Esto implica que cada familia beneficiaria tendrá la facultad legal de disponer de su inmueble, incluso venderlo si así lo decide, pues esa es la esencia de la propiedad. Esta regularización jurídica responde a un clamor histórico en todos los urbanismos del país, consolidando como verdaderos propietarios a quienes durante mucho tiempo carecieron de un techo digno.
Esto obedece a que en el pasado reciente algunos ministros del sector comenzaron a difundir la tesis de que estas viviendas eran de «propiedad social» y no privada. Sostenían que el inmueble formaba parte de una ayuda estatal condicional, cuyo usufructo dependía del respaldo político al gobierno. Esta postura generó un profundo descontento, una evidente discriminación y un abuso sistemático contra la necesidad de los adjudicatarios, transformando la política habitacional en un mecanismo de chantaje electoral. Fue público y notorio cómo diversas autoridades amenazaban a familias humildes con el desalojo si no votaban por Nicolás Maduro, cabe destacar que no era una política de estado, eran individualidades. Situación que no se vio en el gobierno del expresidente Hugo Chávez.
Semejante bajeza la realizaban algunos exministros de la vivienda los cuáles hacían un cálculo político: instrumentalizar un nicho de millones de electores inscritos en el Registro Electoral mediante la coacción y el miedo. No se trata de una especulación; las pantallas de televisión y, de forma más descarada, las redes sociales como Instagram y X (antes Twitter), fueron testigos de estas prácticas. Por ello, hoy se observa un acto de justicia en la gestión de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, orientado a otorgar títulos de propiedad plenos y hereditarios que ingresen formalmente al patrimonio familiar, corrigiendo así las distorsiones de una etapa oscura de la administración pública.
Ese modelo previo, caracterizado por la pérdida de sensibilidad humana y el incremento de la corrupción, también arremetió contra el aparato productivo. Tal como lo señaló recientemente el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, la oleada de invasiones y expropiaciones de fincas destruyó la agricultura y la ganadería nacional. El desmantelamiento de la producción interna sirvió para justificar la importación masiva de alimentos a través de los CLAP, un esquema que enriqueció a empresarios vinculados al entorno presidencial de Maduro, como Alex Saab. El uso discrecional de fondos y corporaciones como FONDEN y CORPOVEX facilitó un millonario desfalco a la nación, mientras los exministros y algunos exfuncionarios que ejecutaban los despojos a través del Instituto Nacional de Tierras (INTI) —muchas veces por mera arbitrariedad o interés personal— quienes gozaron de una inmensa impunidad, pues lo hacían de manera personal no como una directriz emanada de una política de estado.
Resulta contradictorio que algunos de los antiguos altos voceros que desde las vicepresidencias de la República aplaudían e impulsaban las expropiaciones, hoy pretendan dar lecciones morales hablando de reunificar la izquierda y enmendar errores. Los errores a los que se refieren costaron la destrucción de la agricultura, la ganadería y dieron pie a la destrucción del aparato productivo. Es por ello, que el reimpulso que se le está haciendo a estos sectores es importante para volver a ser el país de productores privados que tenía nuestro país.
Por lo tanto, la actual política de reivindicación de la propiedad privada ordenada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, en favor de millones de familias en los urbanismos merece reconocimiento. Corregir los errores del pasado implica erradicar la extorsión política que obligaba a madres de familia a someterse al dictado oficial de algunos exministros que han sido destituidos de sus cargos ante la amenaza real de ver a sus hijos en la calle o expulsados del sistema escolar. Esta rectificación debe ser respaldada firmemente para poner fin a la discriminación, a las invasiones y a la toma ilegal de inmuebles, galpones y edificios recuperados por grupos civiles bajo la mirada complaciente de exfuncionarios.
La destrucción de la seguridad jurídica ahuyentó la inversión y sumió al país en una crisis de desabastecimiento, convirtiéndolo en dependiente de las importaciones. En este nuevo contexto político, el inicio de la restauración institucional y el retorno al respeto de la propiedad privada representan un avance crucial. El temor al desalojo arbitrario pasará al olvido en la medida en que cada ciudadano reciba el documento legal que acredite la propiedad legítima de su hogar y resguarde el patrimonio de su familia para el futuro.
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