El editor y director de Primicias24 promoverá con un equipo de juristas internacionales acciones legales ante instancias nacionales e internacionales para solicitar la anulación de sentencias politizadas, el embargo de capitales ilícitos y la restitución patrimonial a las víctimas del entramado de extorsión judicial por parte de algunos jueces y exmagistrados.
CARACAS / Primicias24-. En un contexto institucional en evolución dentro de Venezuela, el editor y director Carlos Herrera, propietario del portal informativo Primicias24.com, anunció el inicio de una serie de acciones legales de alcance nacional e internacional. La iniciativa busca integrar a ciudadanos víctimas de extorsión, así como a editores y medios de comunicación que resultaron perseguidos o despojados tras visibilizar actos de corrupción en la administración pública.
El planteamiento contempla la articulación de un frente de juristas y bufetes especializados en litigio internacional para actuar ante jurisdicciones de Estados Unidos, Panamá y la Unión Europea. El propósito central radica en identificar y recuperar capitales provenientes del sobreprecio en contratos estatales y tramas financieras, con el fin de canalizarlos hacia la reparación de los sectores productivos y sociales afectados por la impunidad y la arbitrariedad judicial.
Denunciaremos a exministros y empresarios cómplices en el entramado de corrupción que afecto el país y que muchos de ellos se invisibilizaron a través de la ley simón bolívar la cual debe ser derogada por inconstitucional porque solo protege a los ladrones para que no sean denunciados públicamente y mantenerse en la clandestinidad.
Antecedentes y distorsión del sistema de justicia
Durante años, el ejercicio del periodismo de investigación y la defensa de la propiedad privada en Venezuela enfrentaron bloqueos institucionales. Herrera señaló que diversos fallos emitidos durante administraciones anteriores respondieron a motivaciones políticas y económicas en lugar de criterios de legalidad. Esto derivó en el despojo arbitrario de fincas agropecuarias, activos bancarios y empresas privadas, además del sofocamiento de la producción nacional e incentivo a esquemas opacos de importación.
Las denuncias sobre estas irregularidades señalan la complicidad de algunos exintegrantes del Ministerio Público, jueces y antiguos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Estos actores utilizaron la estructura judicial para extorsionar a empresarios, encarcelar disidentes y archivar investigaciones dirigidas contra operadores financieros clave como Samark López, Alex Saab, Ramón Carretero o exfuncionarios vinculados al caso PDVSA-Cripto (como Uber Roa y Simón Zerpa).
Así como también debemos investigar todo lo relacionado con el PETRO y la SUNACRIP, así como todos los wallet que conformaban un ecosistema que permitió que Tareck El Aissami, Raúl Gorrín, Gustavo Perdomo, Uber Roa y otros se robaran los bolívares y dólares de Venezuela.
Unificación del gremio y revisión de fallos
Frente al reciente retiro y destitución de varios de los operadores judiciales señalados de encabezar estas redes de extorsión, Herrera sostuvo que se abre una oportunidad clara para la revisión integral de las sentencias dictadas bajo coacción o soborno. La estrategia legal contempla solicitar formalmente la anulación de las condenas emitidas contra comunicadores sociales e instituciones mediáticas que fueron tildadas de difamadoras por cumplir funciones de contraloría social.
«Es momento de consolidar un bloque plural de juristas, académicos y víctimas, sin distinción de posturas políticas, para exigir la restitución del estado de derecho», enfatizó Herrera. La iniciativa busca replicar dinámicas de entendimiento institucional para concentrar los esfuerzos en la reconstrucción del tejido normativo y la justicia restitutiva en favor de los afectados.
Estrategia de litigio transnacional
La hoja de ruta contempla coordinar acciones con despachos de abogados en Madrid, Miami, Panamá y Washington para rastrear bienes inmuebles de alto valor y cuentas bancarias a nombre de testaferros. Paralelamente, se remitirán peticiones formales al Departamento de Estado de los Estados Unidos y a organismos multilaterales europeos para obtener respaldo institucional en la congelación y repatriación de activos de origen ilícito.
Finalmente, el equipo promotor de esta red jurídica reiteró el llamado a todos los editores, empresarios expropiados y ciudadanos agraviados a incorporarse al proceso de consolidación probatoria. El objetivo final es garantizar que los fondos desviados regresen al Estado venezolano para la atención de infraestructuras críticas en salud y educación, asegurando al mismo tiempo la reparación moral de los perseguidos.
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