La defensa de la soberanía económica, la transparencia institucional y el respeto irrestricto a los acuerdos binacionales exige hoy poner la mirada sobre un caso de extrema gravedad para el sector energético del país: la situación jurídica y mercantil en torno a la empresa COLVEN BUSINESS CORP, la cual —en lo referente a la parte accionaria venezolana— ha sido formalmente demandada ante el Tribunal 12 de Primera Instancia del Área Metropolitana de Caracas por incumplimiento de contrato.
Lo que hoy se debate en los tribunales civiles de la República no es un diferendo entre particulares ni una disputa comercial menor; se trata de la salvaguarda de un proyecto energético estratégico estructurado bajo las directrices de un acuerdo binacional entre Venezuela y Colombia, concebido originalmente bajo un esquema de participación paritaria (50% de accionistas venezolanos y 50% de accionistas colombianos) para el desarrollo de operaciones en áreas de alto interés estratégico, como el bloque Barinas-Apure, cuyas condiciones previas fueron aprobadas bajo la administración del expresidente Nicolás Maduro.
Créditos: Tomada del portal Armando.info
Violación del objeto contractual y abuso del velo corporativo
El diseño original de COLVEN BUSINESS CORP respondía a un propósito de cooperación e integración comercial transparente. Sin embargo, mediante maniobras mercantiles de cuestionable legalidad y el uso artificioso de estructuras jurídicas internacionales y fachadas corporativas (incluyendo el fraccionamiento accionario a través de jurisdicciones extranjeras), se ha pretendido consumar un despojo inadmisible.
Se ha intentado arrebatar a la parte venezolana el porcentaje accionario legítimo que le corresponde, pretendiendo concentrar de forma irregular el 97% de las acciones bajo la figura de Jesús José Rafael Velásquez Gamero, cuando su participación real inicial era del 33% en representación del bloque venezolano, operando a través de una empresa panameña denominada COLENERGY GROUP S.A. —la cual se convirtió inexplicablemente en la propietaria absoluta de COLVEN BUSINESS CORP—.
Surgen aquí interrogantes fundamentales que la justicia debe dilucidar: ¿Cómo pasa Jesús José Rafael Velásquez Gamero a detentar el control del campo petrolero Barinas-Apure (cuyas reservas superan el doble de las de Colombia) utilizando una empresa de maletín cuyo capital social registrado es de apenas $10.000 dólares? ¿Quién autorizó esta concentración accionaria, bajo qué contraprestación se efectuó y cómo se adquirió? Todo apunta a una operación financiera estructurada bajo un velo corporativo para desplazar al resto de los socios legítimos.
Esta alteración unilateral de la estructura societaria desnaturaliza por completo el espíritu del acuerdo binacional. Un proyecto concebido para el beneficio soberano y compartido no puede ser reducido a una simple operación financiera de maletín destinada a la reventa especulativa de contratos a terceros en detrimento de los intereses nacionales y de quienes invirtieron años de trabajo técnico y económico para su consolidación.
Resguardo del debido proceso y confianza en la justicia
Ante esta actuación, los accionistas afectados han acudido a los órganos jurisdiccionales competentes, consignando formalmente 20 elementos de convicción de carácter probatorio, económico y financiero que demuestran fehacientemente el origen, la naturaleza y los términos reales de la constitución de COLVEN BUSINESS CORP.
El país transita hacia una etapa institucional indispensable donde la administración de justicia debe regirse estrictamente por el derecho, la sana crítica y el valor de las pruebas, alejándose de las viejas prácticas de interferencia política, llamadas extraprocesales o presiones indebidas sobre los jueces de la causa. Confiamos en que el Poder Judicial, ante la renovación de sus altas instancias y el escrutinio de la opinión pública, actúe con absoluta independencia, apegado estrictamente a los autos y a los elementos probatorios que obran en el expediente, permitiendo que las decisiones sean el producto exclusivo del derecho y no de influencias o presiones de operadores políticos.
Por lo cual, exhortamos a la juez de la causa a un estricto apego al Estado de derecho, que es lo que demanda el país actualmente, desoyendo a quienes intentan ocultar este despojo accionario y el flagrante incumplimiento de un contrato que se encuentra plenamente respaldado por los medios probatorios que acompañan el libelo de la demanda.
Llamado a las altas instancias del Estado
Se hace un llamado urgente y respetuoso a las instituciones del Estado venezolano, al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Nacional para que evalúen e investiguen a fondo las operaciones y pretensiones mercantilistas que giran en torno a COLVEN BUSINESS CORP y a quien hoy usurpa una mayoría accionaria producto de un velo corporativo que comenzó con estructuras de participación y terminó en una fachada panameña a espaldas de los coaccionistas.
Asimismo, se advierte de manera responsable sobre la actuación de ciertos operadores políticos y actores subalternos que, utilizando indebidamente nombres de altas autoridades del Gobierno Nacional, intentan influir en los tribunales, desviar la atención pública mediante campañas de desinformación y proteger intereses particulares contrarios al ordenamiento jurídico venezolano.
Jesús José Rafael Velásquez Gamero debe comprender que su participación legítima se limita al 33% de la representación accionaria venezolana, y que cualquier maniobra ejecutada al margen de los estatutos originales persigue un único fin: comercializar y vender COLVEN BUSINESS CORP a espaldas de los fundadores, sacrificando un proyecto binacional estratégico.
Los firmantes y afectados en este proceso seguiremos transitando exclusivamente por las vías legales, constitucionales e institucionales que asisten a todo ciudadano en un Estado de derecho. No se busca otra justicia que la correcta aplicación de la ley: si las instancias judiciales determinan el derecho conforme a la normativa legal, se acatará; pero se combatirá por todos los medios jurídicos vigentes cualquier intento de subvertir la justicia mediante la manipulación política o el tráfico de influencias.
La soberanía energética y la transparencia comercial de Venezuela exigen que los acuerdos internacionales y nacionales sean respetados, y que la ley prive por encima de cualquier maniobra corporativa o bufete transnacional.
Tanto los principios generales del derecho como el ordenamiento jurídico venezolano —consagrado expresamente en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil— establecen las causales exactas para declarar la inadmisibilidad de una demanda civil.
Según la ley, una acción judicial solo puede ser inadmitida si resulta contraria al orden público, a las buenas costumbres o a una disposición expresa de la ley, así como en los casos comprobados de caducidad o prescripción.
Al cumplir nuestro libelo con todos los extremos legales y estar respaldado por 20 elementos de convicción irrefutables, el ciudadano Jesús José Rafael Velásquez Gamero debe ser formalmente citado a juicio.
En consecuencia, le corresponde comparecer ante los tribunales, asumir su defensa en el marco del debido proceso y responder civilmente por sus actuaciones ante la justicia de la República Bolivariana de Venezuela; acciones que de igual modo promoveremos ante jurisdicciones extranjeras e instancias internacionales competentes. Hoy estamos actuando con absoluta firmeza en el terreno jurídico, pero tenemos la determinación y la capacidad para actuar, de ser necesario, en el terreno político e institucional.
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