El escrito solicita investigar presuntos hechos de extorsión, obstrucción a la justicia, legitimación de capitales e irregularidades contractuales vinculadas a la empresa panameña BETRIEB DE INTERNATIONALE GESCHÄFT CORP.
CARACAS / Primicias24-. El editor del portal informativo Primicias24.com, Carlos Enrique Herrera Mendoza, formalizó una denuncia ante el despacho del Fiscal General de la República, Dr. Larry Devoe Márquez, en la que solicita el inicio de una investigación penal contra el ciudadano PETER ALEXANDER BLATNIK y la empresa panameña BETRIEB DE INTERNATIONALE GESCHÄFT CORP, por hechos que, según el escrito consignado, podrían estar vinculados con presuntos delitos de extorsión, peculado doloso propio, terrorismo judicial, obstrucción a la justicia y legitimación de capitales.
La denuncia, introducida con fundamento en el artículo 265 del Código Orgánico Procesal Penal, expone una secuencia de hechos que se remonta al año 2015, a partir de la publicación de una nota periodística de Primicias24.com sobre supuestas irregularidades en contratos de suministro militar adjudicados a la referida empresa.
Origen de los hechos denunciados
De acuerdo con el documento consignado ante el Ministerio Público, el 8 de septiembre de 2015 Primicias24.com publicó una información basada en reportes atribuidos a la Contraloría Social de las Fuerzas Armadas, según los cuales la empresa BETRIEB DE INTERNATIONALE GESCHÄFT CORP habría incumplido compromisos contractuales relacionados con el suministro de municiones y dotación militar para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
En la denuncia se señala que a dicha empresa presuntamente le fue adjudicado un contrato por 200 millones de dólares para el suministro de insumos militares, y que también habría mantenido relaciones comerciales con otros entes del Estado. El escrito pide investigar, entre otros aspectos, posibles incumplimientos contractuales, presuntos sobreprecios, la relación directa o indirecta con dicho contrato o los realizados en el Ministerio de la Defensa y otros entes donde hubiese participado y la estructura corporativa y financiera de la compañía.
Asimismo, se expone que la empresa fue constituida en Panamá con un capital social inicial de 10.000 dólares, y que posteriormente habría registrado un incremento significativo de capital de 10.000.000 millones de dólares, circunstancia que el denunciante considera pertinente para una revisión por parte de las autoridades competentes.
Derecho a réplica y posterior escalada del conflicto
La denuncia recuerda que, el 10 de septiembre de 2015, el ciudadano PETER ALEXANDER BLATNIK, en su condición de representante legal de la empresa, ejerció su derecho a réplica, el cual fue publicado íntegramente por Primicias24.com, en apego —según el denunciante— a las garantías constitucionales y al ejercicio responsable del periodismo.
No obstante, Herrera Mendoza sostiene que, días después, recibió una llamada telefónica mediante la cual fue convocado a una reunión en instalaciones de Fuerte Tiuna, específicamente en dependencias de la Dirección General de Armas y Explosivos (DAEX), donde —según su versión— habría sido víctima de amenazas, coacción y actos de amedrentamiento por parte de civiles armados, en presencia de Peter Blatnik.
De acuerdo con el relato expuesto en la denuncia, en ese lugar se le exigió retirar publicaciones periodísticas relacionadas con el caso, bajo amenazas contra su integridad, su núcleo familiar y el patrimonio vinculado al medio de comunicación.
Presunta coacción y actuaciones judiciales posteriores
El escrito también refiere que, posteriormente, se ejercieron acciones judiciales contra Primicias24.com y contra Herrera Mendoza, entre ellas una demanda civil identificada con la nomenclatura del juzgado octavo de primera instancia en lo civil, mercantil, tránsito y bancario de la circunscripción judicial del área metropolitana de caracas expediente AP11-V-2015-001741 a cargo del juez César Mata Rengifo. Según la denuncia, el proceso habría derivado en una decisión cautelar que ordenó el retiro de publicaciones y restringió nuevas menciones periodísticas relacionadas con Peter Blatnik y la empresa señalada.
Herrera Mendoza sostiene además que, en un contexto de presión y amenazas, se vio forzado a suscribir una transacción judicial que, en su criterio, implicó un acto de autocensura y se consolidó un acto cuyo objeto nació de un hecho antijuridico que sigue perpetuado en el tiempo. El denunciante considera que tales hechos deben ser revisados por el Ministerio Público a fin de determinar si existieron irregularidades, abuso de poder o utilización indebida de instancias judiciales para silenciar denuncias de interés público; el juez estaba relacionado con ellos y formaba parte de la extorsión y del terrorismo judicial del cual fue víctima.
Delitos cuya investigación se solicita
• Extorsión, por el presunto uso de amenazas y violencia para forzar el retiro de publicaciones periodísticas.
• Peculado doloso propio, en relación con el eventual desvío o uso irregular de fondos públicos vinculados a contrataciones del sector defensa.
• Obstrucción a la justicia, por presuntas maniobras orientadas a impedir o desviar investigaciones.
• Legitimación de capitales, por los movimientos financieros y el aumento de capital social de la empresa, aspectos que el denunciante pide sean auditados por los órganos competentes.
Petición formal al Ministerio Público
En su escrito, Carlos Enrique Herrera Mendoza solicita al Ministerio Público:
1. Iniciar la correspondiente investigación penal sobre los hechos denunciados.
2. Determinar la posible responsabilidad de Peter Alexander Blatnik y de la empresa Betrieb de Internationale Geschäft Corp.
3. Verificar los movimientos financieros, mercantiles y societarios vinculados al caso, tanto en Venezuela como en el extranjero.
4. Establecer si hubo participación o colaboración de terceros, civiles o funcionarios, en los hechos descritos.
5. Dictar, de ser procedente, las medidas de protección que correspondan.
El denunciante sostiene que decidió reactivar formalmente este caso al considerar que existen condiciones institucionales para que los hechos sean investigados conforme a derecho y con pleno respeto al debido proceso.
Documentos consignados
Según la denuncia, junto al escrito principal fueron consignados diversos anexos documentales, entre ellos:
• Perfil de la empresa denunciada.
• Copias de registros notariales de Panamá.
• Documentación sobre constitución y otorgamiento de poderes.
• Listado de empresas vinculadas al denunciado en Venezuela.
• Escrito de transacción judicial.
• Decisión interlocutoria judicial.
• Notas de prensa relacionadas con el caso.
Este es el inicio de denuncias y solicitudes de investigaciones nacionales e internacionales contra el mencionado ciudadano y dicha empresa.
El caso quedó formalmente planteado ante el Ministerio Público para el inicio de las actuaciones correspondientes.
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