CARACAS.– El editor y director de Primicias24 Carlos Herrera, manifiesta que los venezolanos debemos reencontrarnos. El regreso al país de la diputada Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, sumado a la liberación de los presos políticos y al retorno de quienes sufrieron la persecución y la judicialización de la política —impulsada en su momento por Tarek William Saab—, es un hecho digno de aplauso.
Representa un testimonio vivo de la venezolanidad y un precedente histórico: en nuestra nación más nunca debe permitirse una división tan dolorosa como la que hemos padecido.
No existe justificación alguna para el drama de los más de siete millones de connacionales forzados a emigrar, a quienes sistemáticamente se les negaron derechos fundamentales como el pasaporte o la cédula de identidad, e incluso se les persiguió por el envío de remesas destinadas al sustento de sus madres en el país. Esa mancha en nuestra historia debe desaparecer.
Fuimos testigos de cómo, lamentablemente, diversos gobiernos de América Latina maltrataron a los venezolanos; fuimos vulnerables en tierras extrañas donde muchas de nuestras mujeres pagaron con sus vidas y donde se cobraron sumas desproporcionadas solo por otorgar una identificación.
El daño causado al tejido social y a la identidad del venezolano ha sido terrible. Por ello, el camino actual hacia la paz, el reencuentro y la erradicación del odio y la venganza es el gran ejemplo que Venezuela debe dar ante el mundo.
Sin embargo, es vital precisar: una cosa es el perdón hacia los ciudadanos comunes que no fueron protagonistas de los abusos, y otra muy distinta la impunidad.
No puede haber olvido para quienes saquearon el erario público, para quienes ordenaron torturas, violentaron a las familias de los detenidos o condenaron a adolescentes de 13 a 16 años a penas inhumanas de hasta 20 años de cárcel.
Aquellos funcionarios que cometieron tales crímenes psicológicos y judiciales no pueden seguir formando parte del Ministerio Público. Los procesos de selección en el sistema de justicia deben ser rigurosamente auditados por la Contraloría Social, encarnada en el propio pueblo venezolano.
Quienes integraron la estructura de terror judicial no pueden ser eximidos de responsabilidad; deben ser enjuiciados de la misma manera que los exministros y magistrados que entraron a las instituciones sin patrimonio alguno y hoy exhiben grandes fortunas acumuladas mediante la persecución, la expropiación y el uso indebido de las leyes. Estos son crímenes de lesa humanidad y, por ende, son imprescriptibles.
En el plano geopolítico, corresponde reconocer el impacto de las políticas internacionales, como las tres fases promovidas por la administración de Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio.
Estas acciones generaron la presión necesaria para que el panorama nacional comenzara a cambiar y Miraflores dejara de operar como un centro de terror que sometía tanto a opositores como a los propios chavistas que se atrevían a disentir.
Hoy, el rumbo que se traza apunta hacia la unidad nacional, el retorno de la diáspora, la liberación de los presos políticos y la reactivación de las inversiones.
Asimismo, implica el desmontaje de aquellas estructuras legales que destruyeron la agricultura y la ganadería nacional para favorecer el contrabando y beneficiar con contratos exclusivos a figuras como Alex Saab y sus socios y otros empresarios, quienes deben ser investigados penalmente por el entramado criminal organizado en el antiguo Ministerio de Alimentación.
Frente a esta nueva realidad política, es imperativo que los venezolanos respalden los acuerdos alcanzados por la comisión de negociación encabezada por la diputada Dinorah Figuera, presidenta de la AN de 2015, y Jorge Rodríguez, presidente de la AN de 2026. En sus manos descansa la continuidad de la estabilidad nacional.
De este espacio debe surgir un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) que reemplace la cuestionable gestión de quienes se prestaron para el fraude, desconocieron la voluntad popular en procesos recientes y aún no han presentado los resultados oficiales detallados.
La verdadera pacificación requiere un árbitro electoral plural, transparente y libre de las extorsiones de los partidos políticos que condicionaban e imponían candidaturas.
Necesitamos rescatar el espíritu de la representación proporcional de las minorías, garantizando que el porcentaje de apoyo popular se traduzca de forma exacta en escaños en la Cámara de Diputados.
Este proceso de reconocimiento mutuo e institucionalización se está impulsando de manera inédita tanto desde Miraflores como desde la Asamblea Nacional, contando incluso con el respaldo del PSUV, que ostenta la mayoría parlamentaria, al comprender que las facciones judiciales previas no representaban la voluntad ciudadana.
Por primera vez, el Ejecutivo se sienta a negociar con la oposición real y legítima, con los verdaderos liderazgos y partidos políticos como Primero Justicia —cuya base e identidad pertenecen a quienes militan en las calles y asambleas por la unidad, y no a quienes pretendieron apropiarse de sus siglas mediante sentencias judiciales—.
Lo propio ocurre con Voluntad Popular, liderada por figuras como Leopoldo López y Freddy Superlano, respaldados por el pueblo y no por un dictamen del TSJ.
El camino de la paz debe fortalecerse con la elección de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia y un nuevo CNE integrados por los mejores ciudadanos, bajo estrictas garantías legales.
Es la única vía para que hombres y mujeres de izquierda y derecha volvamos a convivir democráticamente, dejando atrás la oscura época donde una llamada telefónica a un dirigente opositor bastaba para ser procesado por terrorismo.
Incluso las Fuerzas Armadas reflejan esta transformación: mientras que en el pasado la inacción evidenciaba compromisos con estructuras delictivas, hoy el alto mando militar ha rescatado zonas estratégicas como el Arco Minero y ha enfrentado de forma directa a bandas criminales.
Por todo esto, quien se oponga a la amnistía, a la paz o al retorno de los exiliados demuestra una profunda deshumanización. Si la política oficial convoca a la paz, no cabe el discurso bélico. La oposición democrática regresa porque son compatriotas y actores legítimos.
El objetivo final es consolidar instituciones idóneas donde los jueces decidan conforme a derecho y no al servicio de empresarios corruptos.
Si logramos asegurar este clima de estabilidad y confianza para la llegada de capitales, Venezuela podrá reconstruir sus universidades, sanear sus hospitales y recuperar el poder adquisitivo de su gente, superando de forma definitiva el desastre social que hoy nos une a todos, chavistas y opositores, en la tarea común del desarrollo nacional.
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