CARACAS / Primicias24.com. — El editor y director del medio Primicias24.com Carlos Herrera manifiesta que sectores de la sociedad civil y del gremio periodístico han hecho un firme llamado a la derogación inmediata del entramado normativo integrado por la Ley contra el Odio, la Ley de Protección de los Símbolos Patrios y la Soberanía (Ley Simón Bolívar) y la Ley Orgánica de Reestructuración y Extinción de Dominio.
Señalan que estos instrumentos legaloides no fueron diseñados para la convivencia democrática, sino como armas de guerra jurídica, terrorismo de Estado y expropiación penal destinadas a silenciar la libertad de expresión y blindar impunemente tramas masivas de corrupción la cual fue impulsada y aprobada por el gobierno de Nicolás Maduro.
Un escudo legislativo para invisibilizar la delincuencia organizada
El análisis sobre el origen de estas leyes revela que, lejos de proteger a la ciudadanía de discursos violentos, fueron redactadas por constituyentes bajo motivaciones de resentimiento y financiadas por mafias económicas y políticas. Entre los señalados figuran grupos delictivos vinculados a Tareck El Aissami, protegidos por redes judicializadas como las de Tarek William Saab y Samark López, entre otros actores.
El verdadero objetivo de este marco punitivo fue censurar el periodismo de investigación que exponía a militares en funciones públicas, generales con rango ministerial, administradores de fundaciones estatales y supuestos empresarios que desvalijaron los recursos del Estado.
Al denunciar el desfalco de obras inconclusas y la malversación de fondos públicos, los medios de comunicación y periodistas eran perseguidos penalmente bajo la imputación de «delitos de odio». El resultado directo fue la confiscación y expropiación de periódicos, la imposición de multas milmillonarias e incalculables condenas de hasta diez años de prisión sin beneficios procesales.
Contraloría Social y el nuevo mapa geopolítico
Especialistas en contraloría social enfatizan que estas leyes no prestan ningún servicio a la gestión pública ni al propio Ejecutivo —ya sea la administración de la presidente encargada Delcy Rodríguez o cualquier gobierno que asuma el poder—, puesto que invisibilizan a los delincuentes infiltrados en la estructura estatal. Sin periodismo libre, la Contraloría Social y los organismos de inteligencia quedan a ciegas para detectar el desvío de recursos públicos.
Tras los acontecimientos del 3 de enero y el reordenamiento político que ha posicionado a los Estados Unidos como un actor clave en la pauta económica y política de transición, se hace imperativo rescatar las bases democráticas e institucionales.
Mientras la primera Enmienda de la Constitución estadounidense consagra la libertad de expresión como pilar fundamental, Venezuela debe restituir las garantías constitucionales que permitían el ejercicio periodístico, la libre postulación de candidatos y la existencia legal de partidos políticos sin el arbitrio coercitivo de un sector que estaba atrincherado en Miraflores.
Terrorismo judicial y la exigencia de memoria y justicia
La ciudadanía venezolana —tanto en el territorio nacional como en la diáspora de siete millones de migrantes— mantiene plenamente identificados la actuación criminal del exfiscal que se hace llamar poeta Tarek Williams Saab y a los fiscales y jueces que actuaron como verdugos judiciales.
La aplicación desmedida e inconstitucional del Código Penal y la Ley contra el Odio llegó al extremo de imputar cargos de terrorismo y delitos de guerra a ciudadanos y menores de 16 años por el simple hecho de protestar, estampar una franela o difundir información a través de mensajería instantánea como WhatsApp u otras redes sociales.
Esta desproporción punitiva contravino los propios antecedentes históricos del país. En el alzamiento militar del 4 de febrero de 1992 —una acción armada y violenta liderada por los tenientes coroneles Hugo Chávez Frías, Francisco Arias Cárdenas, Jesús Urdaneta Hernández, Yoel Acosta Chirinos y Jesús Miguel Ortiz Contreras, junto a oficiales como Diosdado Cabello, Ronald Blanco La Cruz y Jesse Chacón—, a los involucrados se les respetaron sus derechos políticos y garantías procesales, siendo juzgados con topes de castigo y posteriormente liberados.
Por ello, resulta insostenible e inconstitucional que hoy se apliquen medidas desproporcionadas y se engrape el Código Penal a ciudadanos del común por el libre ejercicio de la opinión.
En este contexto, las acciones orientadas al restablecimiento institucional, lideradas en este momento desde la Asamblea Nacional de 2015 y representantes del gobierno, reciben la aprobación de diversos sectores del país.
El chavismo honesto, que constituye la mayoría frente a la minoría que se enriqueció ilícitamente con el erario público, también exige cuentas sobre los proyectos inconclusos y los contratos irregulares no ejecutados y otros ejecutados con sobreprecio por empresas de maletín.
Regular la contraloría y diferenciar la investigación de la difamación
La derogación de la Ley contra el Odio, la Ley Simón Bolívar y la Ley de Extensión de Dominio es indispensable para devolver a los medios de comunicación su función natural: ser agentes de contraloría social al servicio de la transparencia y del estado venezolano.
Se plantea una diferenciación tajante entre la investigación periodística y la difamación. Todo medio o ciudadano que incurra en difamación e injuria debe ser juzgado bajo los mecanismos del derecho civil y penal ordinario, garantizando el derecho al honor.
Sin embargo, no se puede permitir el uso de tipos penales reservados para crímenes de guerra o terrorismo para expropiar medios o silenciar denuncias. Tampoco puede tolerarse que se instrumentalice la comunicación como un arma de guerra para el derrocamiento de gobiernos, práctica que no es permitida ni en las democracias más consolidadas como los Estados Unidos, Rusia ni China.
El cambio político e institucional en Venezuela requiere un Tribunal Supremo de Justicia independiente, el restablecimiento de la tutela judicial efectiva y el fin del terrorismo judicial. La eliminación de estas leyes coercitivas es el primer paso para garantizar que la verdad sea pública y que los responsables del desfalco y la represión respondan ante la justicia ordinaria.
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