Primicias24.- Para el ex ministro de Finanzas del presidente Hugo Chávez, las sanciones impuestas principalmente por Estados Unidos a Venezuela profundizó la crisis en el país pero no la originó.
Así lo manifestó el también economista en un carta pública donde señala que siempre se advirtió de esta situación que atraviesa la nación al no tomar las decisiones correctas.
«Ha sido vulnerado el acceso pleno de nuestra población a los alimentos, la salud, la educación, el salario justo, la cultura y el derecho político a elegir gobernantes sin ser perseguidos por pensar diferente», expresa Cabezas en su misiva.
Critícó que el Gobierno obligará al Banco Central a imprimir bolívares sin respaldo, que a su juicio generó más inflación y crisis de la existente.
El Banco Central fue obligado a producir un tsunami en emisión de dinero de la nada, que nos ha hundido en la hiperinflación destructora de salarios, inversión y gasto público, y ésta ha sido la ruinosa opción de financiar un déficit público.
«El gobierno -bajo el régimen de control cambiario- mantuvo un precio del dólar exageradamente barato afectando la rentabilidad del negocio petrolero y la recaudación tributaria interna, convirtiendo la asignación de divisas en fuente de una corrupción grotesca e impresionante», agrega.
Cabezas menciona que «las consecuencias no se hicieron esperar: desde 2014 al presente tenemos la recesión más profunda y prolongada de nuestra historia, hiperinflación desde finales de 2017, el impago de deuda externa y aislamiento del mercado financiero global y multilateral desde 2017, el derrumbe de nuestra industria petrolera desde 2015, pobreza a niveles de 65% de la población, migración forzada de más de 5 millones de compatriotas desde 2016, y desnutrición y hambre en sectores vulnerables».
En la carta. cuestiona que Tribunal Supremo de Justicia sea un arma del Poder Ejecutivo para legalizar sus acciones.
«El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de mi país es una simple sucursal del Poder Ejecutivo. El mejor ejemplo de ello es que somos el único país de América Latina donde se prohibió averiguar y sancionar a los altos funcionarios públicos señalados en el caso de los sobornos y pago de coimas por la constructora brasileña Odebrecht. Venezuela vive una catástrofe ética. Esto no es ninguna revolución».
