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Rumbo al 28-J: ¿Un nuevo capítulo?

Por Leopoldo Puchi

El pasado martes, se anunció oficialmente la convocatoria de elecciones presidenciales, programadas para el 28 de julio. Este evento, que se celebra en medio de la compleja realidad política y económica del país, presenta características singulares que lo distinguen de otros procesos de la región.

Ese mismo día, las particularidades del evento y las expectativas generadas, se revelaron a través de dos declaraciones. Por un lado, el presidente estadounidense, Joe Biden, notificó su decisión de prorrogar la Orden Ejecutiva 13.692, que declara a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria”.

Por otro lado, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, expresó que esta convocatoria representaba un avance democrático y destacó la necesidad de que participaran todos los sectores en los comicios.
Estas declaraciones muestran que las elecciones venezolanas hacen parte de las tensiones y dinámicas geopolíticas que, a su vez, impactan en el país.

ORDEN EJECUTIVA

Un aspecto fundamental que distingue el proceso electoral venezolano de otros eventos electorales latinoamericanos reside en que se desarrolla en un país considerado una amenaza por la primera potencia mundial y que ha estado sometido a sanciones que han dejado secuelas desastrosas en amplios sectores de su economía.

Aunque es innegable que la economía venezolana ya atravesaba por serias dificultades antes de las sanciones, estudios académicos exhaustivos como el realizado por Malina Bachert, de la Universidad Pontificia Comillas, confirman que las sanciones han exacerbado la crisis económica y agravado drásticamente la situación social.

Ese impacto negativo no se limita únicamente a indicadores como la disminución de la producción petrolera, el principal recurso de exportación nacional, o la caída del Producto Interno Bruto. Las sanciones también han causado un daño humanitario, evidenciado en cifras que revelan un aumento en la tasa de mortalidad infantil, un crecimiento de la pobreza y un acelerado deterioro de los servicios esenciales, como agua y electricidad.

IMPACTO POLÍTICO

La realidad política interna de Venezuela ha estado llena de tensiones desde hace varios lustros, a raíz del colapso del sistema de partidos conocido como puntofijismo, sin que se haya podido constituir una nueva hegemonía política con pleno consentimiento de la sociedad. Una circunstancia que obliga a prestar suma atención a la estabilidad democrática y la preservación de las instituciones.

La magnitud de estas tensiones se ha visto potenciada por la presión y las medidas tomadas por Estados Unidos para reinsertar a Venezuela en su dispositivo geopolítico. La convergencia de estos dos conflictos ha generado un aumento de la confrontación interna, ha exacerbado la beligerancia en la lucha política y debilitado aún más el tejido institucional.

Los estudios académicos realizados para analizar el impacto de las sanciones en el ámbito de la política venezolana, a través de indicadores como Democracy Index y Freedom House Index, señalan un deterioro mayor de la vida política con cada nueva sanción impuesta por Washington.

DERROCAMIENTO

El deterioro de la situación política, impulsado por las sanciones, las diversas actuaciones arbitrarias desde el poder y las estrategias de derrocamiento adoptadas por sectores de la oposición en varias ocasiones, marcan claramente este proceso electoral.

Como consecuencia de lo anterior, una porción de los actores políticos, organizaciones y partidos involucrados en el intento de golpe del 30 de abril de 2019 y aquellos que abogaron por una intervención militar extranjera no podrán participar directamente en las elecciones. No obstante, esta situación podría cambiar en el futuro mediante concesiones pragmáticas de ambas partes para establecer un esquema pactado de convivencia y cohabitación, como única vía para romper el círculo vicioso.

28 DE JULIO

A pesar de estas circunstancias, las perspectivas para una estabilización política de Venezuela generan un cierto optimismo. En este contexto, el ministro español de Exteriores resalta la convocatoria a elecciones como un paso positivo. Esta visión es cercana a la del presidente brasileño, Lula da Silva, y de ciertos sectores dentro de la Casa Blanca.

Aunque las ordenes ejecutivas y las inhabilitaciones son elementos a considerar, las elecciones programadas para el 28 de julio podrían representar un avance notable en el camino de la institucionalización y estabilización política de Venezuela.

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