Anunciaron que acudirán a los diversos entes de Naciones Unidas y la Unión Africana
Primicias24.com- “Consideramos que existen claros indicios que se están vulnerando derechos fundamentales por parte del Gobierno estadounidense”, resalta a través de un comunicado el despacho International Legal Office for Cooperation and Development (ILOCAD), dirigido por el exjuez español, Baltasar Garzón.
A través de un comunicado, señalaron que asumen la coordinación de la defensa del empresario colombiano Álex Saab, detenido en Cabo Verde y acusado de ser uno de los principales operadores testaferros del presidente de la República, Nicolás Maduro.
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“Es importante destacar cómo muchas de las acciones judiciales en Estados Unidos están condicionadas por los intereses políticos y diplomáticos del Ejecutivo, motivo por el cual se están instrumentalizando para presionar a Venezuela en el plano político internacional”, reza el comunicado.
Saab es reclamado por el Gobierno de Estados Unidos por lavado de dinero, por lo que de acuerdo a lo anunciado el miércoles por el bufete de Garzón, se encargarán del caso “ante las evidencias que se puede estar incurriendo en malas prácticas por parte de las autoridades norteamericanas”, según publica el diario español El País.
De momento, el exjuez español que en los 90, mientras era magistrado procesó al dictador chileno Augusto Pinochet y trató de extraditarlo, y en 2012 defendió a Julian Assange, fundador de Wikileaks, declinó hacer declaraciones sobre la investigación que involucra a Saab.
La defensa del empresario colombiano está centrada en los trámites de extradición, por lo que el ILOCAD anunció que acudirá “a los diferentes organismos e instituciones competentes dependientes de Naciones Unidas y la Unión Africana para hacer valer los derechos” de Saab.
“Estos hechos, sumado a que el equipo legal ha tenido el acceso al señor Saab restringido durante los últimos 40 días, se tratan de una radical vulneración al derecho a la defensa, al impedir una visita de un miembro de su equipo legal”, señala la comunicación enviada por los defensores del empresario.
Al mismo tiempo, agregan que es más grave todavía que “se trata de una violación al derecho que tiene toda persona privada de libertad en un país extranjero a ser visitado y asistido por la autoridad consular (cónsul o embajador) que le representa”.
