Primicias24.com El Gobierno colombiano y cabecillas de grupos armados ilegales que operan en Medellín y en el Valle de Aburrá instalaron este viernes en la cárcel La Paz de Itagüí una mesa de diálogo, enmarcada en la política de la paz total, con el propósito de desmovilizar a más de 12.000 personas y acabar con la guerra en las comunas.
En una zona del centro carcelario adecuada para el acto, el coordinador de Justicia de Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP) de la Organización de Estados Americanos (OEA), Daniel Millares, se encargó de iniciar este «proceso de paz urbana» con la lectura de una declaración conjunta suscrita entre los representantes del Gobierno y las estructuras armadas organizadas.
A su vez, el alto comisionado para la Paz de Colombia, Danilo Rueda, precisó que esta nueva fase instala un «espacio dialógico sociojurídico» que busca «avanzar» hacia una paz integral en una región golpeada por el conflicto urbano.
«Hoy estamos en un momento significativo para los millones de habitantes de Medellín y del Valle de Aburrá», declaró Rueda, y agregó que las bandas criminales “son conscientes y saben el reto conjunto que sus delegados-voceros y nosotros tenemos para poder construir esa paz integral que sueñan los barrios, las comunas».
PROCESO INÉDITO
Indicó que, después de un ciclo de acercamiento de 9 meses, están frente a un reto «muy grande», ya que se trata de un «proceso inédito» que podría suponer más de 12.000 desmovilizados si llegan a buen término las negociaciones.
«No sabemos cuánto va a durar, pueden ser dos años o tres», acotó el comisionado sobre los diálogos, que tienen como testigos a miembros de las embajadas de Suiza y Noruega, y de los que aseguró serán desde este momento abiertos, pues «nada será oculto» y «nada será en impunidad».
Rueda, además, reveló que el equipo negociador del Gobierno está siendo coordinado por el abogado Jorge Iván Mejía, el exsecretario de Gobierno de Medellín, quien estará acompañado por la senadora Isabel Zuleta, la excomisionada de la verdad Lucía González y la lideresa María Isela Quintero.
Mejía señaló que es «imposible» poner una fecha límite a las negociaciones y aseguró que en un «altísimo porcentaje, por no hablar del 100 %», todas las grandes estructuras criminales «hacen parte de este ejercicio».
