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Un periodista tunecino condenado por no revelar sus fuentes inicia una huelga de hambre

Primicias24.com El periodista tunecino Jalifa Guesmi, condenado a cinco años de prisión por negarse a revelar sus fuentes tras publicar el desmantelamiento de una presunta célula yihadista en Kairouán, inició hoy una huelga de hambre para protestar contra las condiciones carcelarias y reclamar un nuevo juicio ante el Tribunal de Casación.

Después de que Guesmi apelase la sentencia de un año de prisión, la Justicia antiterrorista decidió ampliar la pena a cinco años por los delitos de «participación intencionada en actos terroristas» y «divulgación de información relacionada con operaciones de interceptación y datos recopilados de las mismas», y en septiembre fue detenido por las fuerzas de seguridad.

El Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos (SNJT) alertó entonces de los intentos para «amordazar la libertad de prensa», así como «intimidación de periodistas» desde que el presidente de Túnez, Kais Said, se hizo en julio de 2021 con todos los poderes del Estado para «preservar la paz social».

El detenido es corresponsal de la radio local Mosaïque FM, cuyo director, Noureddine Boutar, fue liberado en mayo después de tres meses de prisión provisional acusado de «complot contra la seguridad del Estado», un caso por el que las autoridades han detenido a una treintena de figuras de la oposición, jueces y empresarios.

La defensa de este medio, uno de los más relevantes del país, señaló que el motivo de su arresto fue su línea ideológica y las críticas al poder.

Un año antes, el director del diario digital Business News, Nizar Bahloul, y el periodista Raouf Ben Hédi fueron convocados por la brigada anticriminal después de publicar un artículo crítico con la entonces primera ministra, Nedjla Bouden, en el que analizaban la falta de progresos durante su primer año de mandato.

El mandatario aprobó unilateralmente un decreto ley sobre delitos cibernéticos que tipifica como delito producir o difundir «noticias falsas y rumores», penados con hasta diez años de cárcel y una multa de 50.000 dinares (equivalente a 15.000 euros).

Los Ministerios de Interior, Justicia y Tecnologías de la Información se comprometieron en septiembre a revelar de manera regular la identidad de «los propietarios, usuarios de páginas, cuentas y grupos de redes sociales que exploten estas plataformas para producir y promover noticias falsas, declaraciones, rumores o informaciones falaces».

Según el informe anual de Reporteros Sin Fronteras, Túnez cayó 21 posiciones en la clasificación mundial de libertad de prensa, uno de los grandes logros de la revolución de 2011, hasta situarse en el puesto 94 de un total de 180 países. EFE

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