Primicias24.com- El Gobierno de Chile expresó este viernes su «preocupación» por la situación de los derechos humanos en Perú, donde ya han muerto al menos 18 personas en distintas manifestaciones, pero no aclaró si apoya o no a la presidenta peruana, Dina Boluarte.
«Estamos sumamente preocupados por la situación que está ocurriendo en Perú. Por una parte, respecto a los chilenos que están varados allá, pero también estamos muy preocupados por la situación de los derechos humanos», dijo en declaraciones a los medios la canciller chilena, Antonia Urrejola.
La ministra explicó que la Cancillería está trabajando en un «plan de acción» para atender a los chilenos varados en el país vecino, pero reconoció que ahora mismo resulta «difícil» evacuarlos.
«En este momento, el aeropuerto está cerrado como también las carreteras, por lo tanto es bien difícil sacar a las personas de ahí», agregó.
El Gobierno de Chile pidió «respetar los derechos humanos» el pasado 7 de diciembre, cuando el entonces presidente Pedro Castillo fue depuesto y detenido tras su intento de disolver el Congreso y declarar un estado de excepción, pero hasta ahora no ha aclarado su postura oficial sobre la crisis.
«Nuestro país hace un llamado enfático a que se respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales, y reafirma su compromiso con la democracia y el diálogo como el camino para superar este complejo momento», declaró entonces la Cancillería chilena.
Si bien Chile se abstuvo de firmar el pasado 13 de diciembre la carta en la que México, Argentina, Colombia y Bolivia cerraron filas en torno a Castillo, tampoco ha reconocido oficialmente a Boluarte.
El propio presidente chileno, Gabriel Boric, recibió a Castillo en el palacio presidencial La Moneda el pasado 29 de noviembre, días antes del inicio de la crisis.
Un total de 18 manifestantes han muerto en las movilizaciones de protesta contra el Gobierno de Boluarte, 10 de ellos en las manifestaciones del jueves, cuando entró en vigor del estado de emergencia a nivel nacional.
Los manifestantes exigen elecciones anticipadas, el cierre del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, así como, en algunos casos, la reposición en el cargo de Castillo, quien el jueves recibió 18 meses de prisión preventiva tras el fallido autogolpe de Estado.
