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Rusia acusa al Gobierno ucraniano de “neonazi” y de “sembrar el terror” en el Donbás

MOS05 MOSCÚ (RUSIA) 11/04/2014.- El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ofrece un discruso durante un encuentro con organizaciones no gubernamentales (ONG's) que se celebró en Moscú (Rusia) hoy, viernes 11 de abril de 2014. Lavrov afirmó ayer que desplegar tropas de la OTAN cerca de las fronteras de Rusia violaría las obligaciones internacionales de la propia Alianza Atlántica, al tiempo que criticó la "rusofobia" de los miembros del Este de Europa. "El hecho de que bajo la presión de algunos países de la OTAN (en referencia a los miembros del Este de Europa) se esté forzando a desplegar tropas cerca de Rusia, es una violación del acta básica y los principios de la Declaración de Viena", dijo Lavrov a la agencia Interfax. EFE/Sergei Ilnitsky

Primicias24.com Rusia aseguró este jueves ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que el Gobierno ucraniano está formado por “neonazis” que “sembraron el terror a lo largo del país” desde 2014, y consideró que Ucrania “no tiene autoridad moral” para acusar a Moscú de discriminación y apoyo del terrorismo en la región ucraniana del Donbás.

Durante su intervención ante la CIJ, el embajador ruso en La Haya, Alexander Shulgin, defendió a Rusia contra la acusación de discriminación de la comunidad tártara de Crimea y Ucrania, y de “financiación del terrorismo” por apoyar con armas y dinero a grupos prorrusos en su violencia armada y su “insurrección” contra el Estado ucraniano desde 2014.

Shulgin aseguró que Rusia tiene “un enorme respeto” por la CIJ, quien tiene abierto otro caso -que Moscú no reconoce de momento- iniciado por Kiev en el contexto de la invasión rusa iniciada en febrero de 2022, y por el que la CIJ emitió medidas provisionales, exigiendo en marzo del año pasado a Rusia suspender de inmediato sus operaciones militares en Ucrania.

La CIJ es el máximo órgano judicial de Naciones Unidas y sus fallos son legalmente vinculantes, aunque no tiene mecanismos de ejecución de sus sentencias, por lo que su cumplimiento queda en manos de la voluntad de cada país.

EL DONBÁS

En el caso de la población tátara, la CIJ emitió medidas provisionales en 2017 pidiendo a Moscú no escalar el conflicto y “abstenerse de mantener o imponer limitaciones a la capacidad de la comunidad tártara de Crimea para conservar sus instituciones representativas”, y “asegurar la disponibilidad de educación en el idioma ucraniano”.

Shulgin instó a la CIJ a “desestimar” este caso por la “falta de fundamento legal que lo respalde”.

Además, señaló que Ucrania “trata de posicionarse como protector del pueblo de Crimea”, mientras oprime y acusa a los pueblos de “las repúblicas popular de Donetsk y de Lugansk de ser organizaciones terroristas supuestamente financiadas por Rusia, lo que no podría estar más lejos de la verdad”.

“Kiev no tiene ninguna autoridad moral que le permita hacer estas acusaciones. Ese régimen llegó al poder después de un violento golpe de Estado en 2014. Llegaron sobre los hombros de nacionalistas, descendientes directos de colaboradores nazis de la Segunda Guerra Mundial”, agregó.

Aseguró que esos supuestos “grupos neonazis en los que se apoya el régimen ucraniano actual empezaron por animar la revuelta armada en el oeste de Ucrania mucho antes de los eventos que ocurrieron en el este del país, y continuaron con la violencia en el Maidán en Kiev, cuyo efecto era la caída del presidente y el gobierno legítimo” de Ucrania.

Acusó al Ejecutivo del presidente Volodímir Zelenski de estar formado por “neonazis, líderes del Maidán, y sus colaboradores” y lo acusó de “sembrar el terror a lo largo de todo el país, matando a líderes de la oposición, políticos, periodistas y ciudadanos comunes simplemente porque se atrevieron a expresar su desacuerdo”.

Además, Shulgin afirmó que Kiev acusaba a los opositores, sobre todo de la región del Dónbas, “de terroristas para justificar esta brutal represión”.

El propio presidente ruso, Vladímir Putin, justificó su actual invasión a Ucrania como una “operación militar especial” destinada a la “desmilitarización y desnazificación” del Estado ucraniano.

LA PRESA

El agente ucraniano ante la CIJ, Anton Korinevich, acusó este miércoles a Rusia de “terrorismo de Estado” y la responsabilizó de la destrucción de la presa de Kajovka, en el río Dniéper.

“Rusia hizo estallar la gran presa en Nueva Kajojvka, provocando importantes evacuaciones de civiles, graves daños ecológicos y amenazando la seguridad de la planta nuclear de Zaporiyia. Las acciones de Rusia son las de un Estado terrorista, un agresor”, agregó Korinevich, en el discurso de apertura de las audiencias en La Haya.

El Kremlin negó las acusaciones de que Rusia está detrás de la destrucción de la presa y aseguró que se trata de un acto deliberado de sabotaje de la parte ucraniana. El propio Shulgin reiteró este jueves que fue Kiev quien voló la presa con “ataques de artillería”.

“Esto lo hizo Ucrania. El régimen de Kiev no sólo lanzó masivos ataques de artillería contra la presa en la noche del 6 de junio, también forzó deliberadamente el nivel del agua del embalse de Kajovka a un nivel crítico al abrir las válvulas de la planta hidroeléctrica”, dijo.

En opinión de Shulgin, “la verdad a veces parece obvia y fácilmente accesible, cuando, los hechos de verdad están ensombrecidos por una niebla política creada por campañas de información propagadas y dominadas por los Estados más poderosos y medios”. EFE

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