Primicias24.com El discurso antimigración se coló en la campaña electoral en Panamá, que concluye este jueves antes de las elecciones del 5 de mayo, con candidatos que prometen «cerrar» la selva del Darién, la frontera natural con Colombia, mientras otros, con un tono más conciliador, tachan esa propuesta de «irreal», destacando que la clave es una mayor lucha contra la trata y el apoyo a los países de origen.
Uno de los más duros es el antiguo ministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino, que lidera las encuestas a pesar de su candidatura inesperada, al sustituir in extremis al inhabilitado expresidente Ricardo Martinelli.
«Parar la migración esa, yo cierro el Darién», dijo rotundo a un pequeño grupo de periodistas, entre los que se encontraba EFE, durante una caminata como parte de su campaña electoral en el extrarradio de la capital.
Mulino aseguró que pediría apoyo a los países de la región implicados en el flujo migratorio, como Colombia y Estados Unidos, al entender que «Panamá no es un país de tránsito» y que muchos migrantes son víctimas de trata: «Vamos a cerrar Darién y vamos a repatriar a todas estas personas como corresponda».
¿Pero cómo espera cerrar 266 kilómetros de frontera terrestre de selva?
«No sé, a lo mejor si gana (Donald) Trump le digo que me eche una paladita de cemento acá, para hacer otro muro», bromeó.
En el otro extremo de la intención de voto, sin apenas posibilidades, está la independiente Zulay Rodríguez, que comparte un mismo mensaje: “Cerrar la frontera”, sentenció tajante a EFE al preguntarle por la crisis migratoria en Darién, por donde ya han pasado más de 130.000 personas en lo que va de año en su camino hacia Norteamérica.
Rodríguez ha mantenido un fuerte discurso antimigración desde el hemiciclo al tener una férrea posición en contra de la comunidad venezolana, que supone más del 60 % de los migrantes que cruzan el Darién, y que en Miami llegó a nombrarla “persona non grata”.
El abogado internacionalista y activista de derechos humanos Iván Chanis se muestra indignado ante estas posturas, ya que «toda persona tiene derecho a cambiar de lugar de residencia y de su movilidad (…), pero últimamente se ve al migrante como un criminal y este cambio de política pública, hacia ver a las personas en condición de movilidad como un infractor de la ley y no como una persona que está buscando una mejor oportunidad de vida, es un cambio profundamente preocupante hacia el trato de un país como Panamá».
«Es preocupante que candidatos digan que se va a cerrar el Darién. Uno porque le quita legitimidad a una problemática profunda, y dos es un engaño, porque es totalmente demagogia y populismo, no se puede cerrar una frontera como tal, no se puede cerrar una frontera con las particularidades de la frontera del Darién. Por más que quisieran es im-po-sible (remarca las sílabas), es humanamente imposible», afirma a EFE vía telefónica.
En el Darién, el flujo sigue
Bajo Chiquito es el primer poblado al que llegan los migrantes tras días de caminata por la selva. Allí las autoridades panameñas llevan un férreo control, tomando los datos personales de los recién llegados.
En 2023 registraron la cifra histórica de 520.000 migrantes, y este año se podría romper ese récord.
En 2022 por estas fechas habían pasado cerca de 20.000 personas, en 2023 unos 128.000 y ahora más de 134.000.
Los crímenes también han ido en aumento. Del lado colombiano, el flujo migratorio lo controla la agrupación el Clan del Golfo, que según estimaciones ingresaron unos 68 millones de dólares el año pasado por las tasas que cobran a los migrantes, mientras que del lado panameño pequeñas bandas los atemorizan y roban.
«Duro (…) Allá nos pasó de todo, porque robaron a mucha gente también», afirma a EFE la venezolana Alexandra Villalobo, de 35 años, con su nieta en brazos. Explica que unos encapuchados con pistolas y cuchillos les hicieron pagar bajo amenazas unos 100 dólares a cada uno como tarifa de paso.
En otros casos, cuando no pagan, las mujeres son violadas. Médicos Sin Fronteras (MSF) denunció, antes de que las autoridades panameñas no le renovaran los permisos, que habían atendido a más de 1.300 personas por violencia sexual en el Darién entre abril de 2021 y enero de 2024, y que podrían ser más.
El venezolano Héctor Martínez, un ingeniero químico de 44 años, aseguró a EFE que fue testigo de varias de esas violaciones. Explicó que mientras cruzaba la selva iba con un grupo de unas 70 personas y al llegar a un punto les abordaron varios encapuchados con armas. Luego, repitiendo el relato de otras muchas víctimas, les subieron a un alto y allí les robaron. Entre el grupo separaron a cinco venezolanas, de entre 16 y 30 años, y las violaron.
Les dijeron «que se desnudaran y obviamente nosotros no veíamos porque estábamos boca abajo, nos pusieron boca abajo, pero se escuchaba», recuerda Martínez desde el albergue gubernamental de Lajas Blancas, al que se llega tras varias horas en canoa por el río Tuquesa desde Bajo Chiquito.
«Delante de nosotros, sí señor», insiste. Las conocen bien, algunas recibieron atención médica. «Ya las muchachas algunas se han ido y otras no quieren ser señaladas y no quieren decir quiénes son».
Para tratar de poner freno a estos crímenes, EFE fue testigo en abril del despliegue de fuerzas especiales panameñas de la policía fronteriza (Senafront), que se adentró en la selva para tratar de capturar a estos delincuentes que atacan a los migrantes.
