Primicias24.com El Gobierno de Ecuador anunció este martes que reducirá los subsidios a las gasolinas de mayor consumo desde finales de este mes, pero no liberará por completo los precios, que seguirán teniendo un mecanismo de estabilización ante fluctuaciones abruptas de los precios del petróleo.
La medida se aplicará a las gasolinas Extra y Eco País, ambas de 85 octanos, que actualmente tienen un precio congelado de 2,47 dólares por galón (3,78 litros), y desde finales de junio experimentarán un incremento de 25 centavos, para pasar a costar 2,72 dólares por galón, lejos del precio de unos 4,69 dólares que tienen estos combustibles a nivel internacional.
La Administración del presidente Daniel Noboa hizo así el anuncio oficial de esta medida que ya intentaron también aplicar sus predecesores Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023), quienes se vieron obligados a dar marcha atrás ante sendas olas de protestas lideradas por el movimiento indígena.
Este nuevo intento por levantar los subsidios a las gasolinas se da, como en las otras ocasiones anteriores, en el marco de un acuerdo crediticio firmado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internaconal (FMI), que recientemente aprobó un acuerdo de 4.000 millones de dólares a entregar a Ecuador en el plazo de 48 meses.
En esta ocasión, Noboa ha optado por únicamente tocar los subsidios de las gasolinas, que el año pasado supusieron un gasto para el Estado de 644 millones de dólares, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), una cifra similar al costo del bono de desarrollo humano y el doble de lo que destina el Estado a combatir la desnutrición.
Subsidios seguirán a diésel y gas
Así, las subvenciones estatales continuarán para el diésel y el gas, que componen el grueso (80 %) de los 3.265 millones de dólares que el Gobierno ecuatoriano gastó en 2023 para subsidiar combustibles.
«(El subsidio a la gasolinas) es el más inequitativo e ineficiente», señaló en rueda de prensa la viceministra de Economía, Ana Cristina Avilés, quien señaló que «es insostenible» porque «incentiva actividad ilegales como el contrabando, la minería ilegal y el narcotráfico» y «es un sinsentido continuar con esta distorsión».
