Primicias24.com (NP)– El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó este jueves 25 de enero que el Ministerio Público acusó a Diego Salazar y José Enrique Luongo, por su pertenencia a una organización criminal internacional dedicada al blanqueo de capitales obtenidos mediante actos de corrupción que involucran a Pdvsa.
En declaraciones desde el auditorio de la sede principal de la institución, recordó que el hoy acusado se valía de los contactos que tenía con su primo, el exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, para realizar lobby y cobrar comisiones a empresas internacionales para el otorgamiento de contratos en la petrolera.
Añadió que dentro de la organización participaron familiares y amigos cercanos junto a Salazar, quienes colocaron altas sumas de dinero de manera ilegal en paraísos fiscales como Andorra.
De acuerdo con el Fiscal General, por medio de esta trama de corrupción se habría blanqueado una cantidad superior a los 1 mil 347 millones de euros entre los años 2011 y 2012.
Destacó que a pesar de la existencia de unas investigaciones por este caso, las autoridades anteriores del Ministerio Público protegieron a Salazar y a la red que lo acompaña.
“Hemos documentado testimonios de dueños de locales, donde se realizaron reuniones entre el ciudadano Diego Salazar, Germán Ferrer y la anterior fiscal general a puerta cerrada, a pesar de la denuncias públicas que circulaban sobre la trama de Andorra”, explicó Saab.
Indicó que Salazar y Luongo fueron acusados por los delitos de corrupción pasiva simple, legitimación de capitales y asociación, previstos en el artículo 61 de la Ley Contra la Corrupción, y en los artículos 35 y 37 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
También, se les incautaron 36 inmuebles residenciales, 11 inmuebles empresariales en la Torre Edicampo, 4 locales comerciales, 8 vehículos de alto valor como dos Mercedes Benz, un Porsche Cayenne, un BMW X5, un Tesla año 2016, además de 3 motocicletas, todos ubicados en los sitios allanados.
Adicionalmente, se solicitaron otras 22 órdenes de aprehensión, las cuales fueron acordadas por el Tribunal 6º de Control del Área Metropolitana de Caracas.
Orden de aprehensión contra Rafael Ramírez
En esta oportunidad, el máximo representante de la institución garante de la legalidad adelantó que en los próximos días se solicitará una orden de aprehensión con alerta roja de Interpol contra el exministro y expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, por estar involucrado en los delitos de peculado doloso, legitimación de capitales y asociación.
Durante sus declaraciones a la prensa, señaló que el exfuncionario debe responder a la justicia sobre la trama de legitimación de capitales en la Banca Privada de Andorra, por el caso de la Oficina de Viena, y por el buque para explotación de gas costa afuera Petro Saudi Saturn.
Expresó que documentos sobre la investigación desarrollada en Andorra refieren que Diego Salazar Carreño vincula e incrimina directamente a Ramírez, como su socio en operaciones de intermediación de compra-venta de petróleo.
En cuanto a la citada embarcación, explicó que fue alquilada mediante un contrato cerrado por siete años, y aunque estuvo inoperativo el 60% del tiempo se canceló 95% por el costo del alquiler. En total se pagarían 1.175 millones 300 mil dólares así el barco no trabajara.
Refirió que Ramírez apare también vinculado con el caso de la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, con sede en Viena.
Destacó que en esa dependencia se manipularon dos componentes que se utilizan para el cálculo del precio de los crudos venezolanos: el Factor K y los escaladores AGA, lo que produjo importantes pérdidas al país.
Caso Tomás Guanipa
El Fiscal General anunció que el Ministerio Público abrió una investigación contra el diputado Tomás Guanipa Villalobos, en virtud de hechos ocurridos durante los años 2017 y 2018.
En este sentido, refirió que la investigación se abrió producto de los múltiples llamados públicos de Guanipa Villalobos, en los cuales instaba a la población a cometer actos orientados a la desestabilización del orden interno y el desconocimiento de los poderes públicos nacionales, así como a fomentar el odio entre ciudadanos.
Apuntó que en este momento se analiza la comisión de los delitos de instigación pública continuada y asociación para delinquir.
Debate de ideas y no de las armas
El titular de la acción penal en el país lamentó los hechos ocurridos en El Junquito entre un grupo armado y organismos de seguridad del país, y ofreció condolencias a los familiares de quienes fallecieron y resultaron heridos en esa ocasión.
Sobre este particular, dijo que el camino de las armas no representa la vía para dirimir las diferencias.
El Fiscal cuestionó a quienes desde medios de comunicación o desde el anonimato de un teclado alientan la vía armada para la toma del poder, sabiendo que los muertos los pondrán otros.
Criticó que a contracorriente de lo que se pregona para otros países, haya actores internacionales promoviendo la violencia como solución para Venezuela.
Señaló que desde el Ministerio Público se pone a la orden para abrir un debate entre los que quieren vivir en paz y en convivencia pacífica, y quienes impulsan la vía armada. “Queremos encontrarnos en un debate de ideas, pero no de crímenes y asesinatos”.
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