Primicias24.com- La Procuraduría General de la República (PGR) de México se encuentra investigando a una cantidad de empresas mexicanas que presuntamente vendieron productos de mala calidad y que luego fueron revendidos a Venezuela con un sobreprecio de 112%.
Esto ocurre luego de que el Gobierno mexicano ubicará cerca de 1,8 millones de despensas que serían transportadas hacia Venezuela.
Así lo dio a conocer el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Alonso Israel Lira Salas, quien detalló que la investigación es por el desvío de recursos de un grupo de empresas y personas físicas, mexicanas y extranjeras.
Recordó que el 3 de abril de 2016, el gobierno de Venezuela emitió un decreto de Estado por excepción y de emergencia económica, con el que creó los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAPS), a fin de distribuir entre la población afiliada despensas de alimentos a precios subsidiados.
El funcionario refirió que derivado de una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se detectaron operaciones inusuales en la administración de una red de empresas y personas físicas dedicadas a proveer a los ciudadanos de Venezuela de dichas despensas.
Abundó que obtuvieron recursos desviándolos de sus fines humanitarios para adquirir alimentos y especular con ellos aprovechándose de la carestía alimentaria que aqueja al pueblo venezolano, a través de tres mecanismos: adquirir productos de baja calidad, exportarlos a Venezuela con sobreprecio y mediante los CLAPS, revenderlos a un valor superior 112% superior al costo real.
En un comunicado, la PGR detalló que fueron hallados 1,300 contenedores marítimos en territorio mexicano con alrededor de 1.8 millones de despensas alimenticias.
“Al analizar que los productos alimenticios son perecederos y que tienen como destinatarios finales la población de Venezuela, se tomó́ la decisión de no impedir que las despensas fueran transportadas y entregadas a sus beneficiarios; pues de lo contrario se corría el riesgo de agravar la crisis alimentaria que se vive en esa nación”, se indicó en el comunicado.
Acuerdo reparatorio
Las entidades que obtuvieron recursos para la exportación de alimentos desde México del programa CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción) acordaron entregar los 3 millones de dólares al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
“Este grupo de empresas y personas físicas mexicanas y extranjeras han obtenido recursos desviándolos de sus fines humanitarios para en cambio adquirir alimentos y especular comercialmente con ellos, aprovechándose de la carestía alimentaria que aqueja a Venezuela”, dijo Israel Lira, titular de la subprocuraduría especializada en delincuencia organizada.
Como parte de un “acuerdo reparatorio”, las empresas y personas involucradas -cuyos nombres completos no fueron revelados- también se comprometieron a no realizar directa o indirectamente nuevas transacciones comerciales con el gobierno venezolano a través del programa CLAP, agregó Lira.
México comenzó a compartir información sobre el caso con otros gobiernos, principalmente Colombia, para evitar fraude o lavado de dinero, siguiendo su compromiso ante el Grupo de Lima, una instancia multilateral creada en 2017 para buscar soluciones a la crisis venezolana.
El Espectador
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