Primicias24.com.- La agencia antidrogas estadounidense, conocida por sus siglas DEA, reveló en un informe que en 2018 envió agentes encubiertos a Venezuela con el fin de registrar datos que sirvieran para construir casos por presuntos delitos de narcotráfico contra altos funcionarios de la administración de Nicolás Maduro.
Así lo informó Associated Press, agencia que tuvo acceso exclusivo al informe de la DEA donde se estipuló que la operación duró aproximadamente un año, tiempo en el que los agentes tuvieron muchos objetivos, incluido el mismo Maduro.
«No nos gusta decirlo públicamente pero, de hecho, somos la policía del mundo», dijo Wes Tabor, un exfuncionario de la DEA que sirvió como agregado de la agencia en Venezuela mucho antes de que se iniciara la investigación descrita en el memorando.
Entre los objetivos estaban personalidades como el exministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, y el exsuperintendente del Seniat, José Gregorio Vielma Mora. Al parecer, fueron autorizados tres informantes para grabar reuniones en secreto con cada uno de los funcionarios elegidos para, posteriormente, acusarlos de lavado de dinero.
«Entre los que llevaban un micrófono se encontraba un informante de la DEA acusado de desplumar 800 millones de dólares del sistema cambiario de Venezuela a través de un plan de importación fraudulento», haciendo referencia sin nombrarlo al empresario de origen colombiano Alex Saab, recientemente liberado por las autoridades estadounidenses.
«Existe un riesgo especial de que (las fuentes confidenciales) corran peligro si su cooperación con la DEA queda expuesta a los funcionarios del país anfitrión», afirma el memorando. «Las posibles sanciones incluyen el encarcelamiento».
La información de AP se conoce luego de que el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ratificara el martes 30 de enero a la administración de Nicolás Maduro su advertencia de no renovar el alivio de sanciones a la industria petrolera y gasífera, que expira el próximo 18 de abril, si no se toman decisiones enmarcadas en el Acuerdo de Barbados.
