Primicias24.com El canciller Yván Gil, a través de un comunicado, publicado en su canal de telegram manifestó el rechazó por parte del país ante la «ilegal» acción emprendida por el juez federal argentino, Ariel Lijo, contra el presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y altos funcionarios del Gobierno de Nicaragua.
En ese sentido publicó un comunicado en nombre del Gobierno Bolivariano:
«La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera contundente la ilegal e ilegítima acción emprendida por el juez federal argentino, Ariel Lijo, contra el Presidente Daniel Ortega, la Vicepresidenta Rosario Murillo y altos funcionarios del Gobierno de Nicaragua, en una clara operación de lawfare diseñada para agredir a un gobierno legítimo y soberano.
Esta ridícula acción, basada en falsedades de agentes alineados al hegemonismo occidental y de sectores opositores antisandinistas, demuestra el uso político del sistema judicial argentino como un instrumento de intervención.
Tal agresión responde a una estrategia sistemática que busca socavar la soberanía de los Estados independientes y justificar la imposición de medidas coercitivas unilaterales en nombre de supuestos principios de derechos humanos.
La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente el uso del principio de jurisdicción universal con fines políticos, una maniobra que viola los principios fundamentales de la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados consagrados en el derecho internacional.
Reiteramos nuestra solidaridad inquebrantable con el pueblo y el Gobierno de Nicaragua, liderados por el Presidente Daniel Ortega y la Vicepresidenta Rosario Murillo, en su lucha por la defensa de la soberanía, la justicia social y la autodeterminación. Alzamos nuestra voz, junto a las naciones libres del mundo, para rechazar cualquier intento de intervención disfrazado de legalidad».
La justicia argentina ordenó este lunes la declaración indagatoria y la captura internacional del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, por su presunta responsabilidad en violaciones a los derechos humanos cometidas en el país centroamericano.
