En 1938 en Alemania y para salir de este dilema se inventa la fórmula del ordoliberalismo en el coloquio de Waletr Lippmann que no es otra cosa que el arte de gobernar lo social
Primicias24.com- En el neoliberalismo no existe compatibilidad entre una política nacional y la economía liberalizada. Todo intento de construir un Estado inserto en el liberalismo económico como política de dominación es inversamente proporcional a una política social y económica soberana y nacionalista.
En 1938 en Alemania y para salir de este dilema se inventa la fórmula del ordoliberalismo en el coloquio de Waletr Lippmann que no es otra cosa que el arte de gobernar lo social (gobernanza) imponiendo la legitimidad de la libre competencia artificialmente diseñada, reduciendo a su mínima expresión al Estado.
Ordoliberalismo como instrumento táctico y estratégico en manos de unos cuantos países para alcanzar una hegemonía en lo económico e imperialista en lo político, con respecto al resto del mundo (List)
Plantean que debemos abstenernos de modificar la competencia tal como existe, no intervenir frente a las desigualdades iniciales, a lo sumo impedir que la competencia sea alterada por el monopolio, pues la intervención de los poderes públicos en la economía a través de privilegios aduaneros o impositivos, genera distorsión y favorece discriminando a otros actores económicos.
Abandonar las políticas sociales, pues no pueden ser un objetivo del Estado, tampoco la igualación social y la distribución equitativa de cada uno en el acceso a los bienes de consumo y mucho menos controlar precios pues en la regulación económica, el mecanismo de los precios no se obtiene a través de los fenómenos de igualación, sino por un juego de diferenciaciones en competencia.
Opinan que “es preciso que haya algunos que trabajen o no, salarios grandes y pequeños, precios que suban o bajen para que la autorregulación del mercado actúe, por ello toda política social cuyo primer objetivo sea la igualación aun relativa, es antieconómica, y debe permitirse que existan desigualdades como regulador general de la sociedad, por cuanto eliminarlas afectaría la ganancia destinadas al ahorro (acumulación) y a la inversión y la volcaría al consumo” (Von Misses)
Lo adecuado según estos dogmáticos económicos es que el sobreconsumo generado por desventajas o incertidumbres compartidas en situación de subconsumo, deberían es ocuparse de garantizar un mínimo vital a quienes no puedan en forma definitiva asegurar su existencia: es la administración de la migaja del Estado artefacto.
Defienden que el instrumento de política social no debe ser la socialización del consumo y los ingresos –reparto equitativo riqueza- , sino que la economía garantice medios suficientes para que cada quien se auto asegure de su propia reserva privada contra los riesgos o las fatalidades de la vida: adiós a pensiones, sistema de salud, educación y vivienda.
Concluyen que las políticas sociales no deben ser instrumentos para la transferencia de ingresos, sino la capitalización más generalizada posible para todas las clases sociales cuyo instrumento será el seguro y la propiedad privada: capitalismo popular en todo su apogeo.
El inconveniente de estos ordoliberales en aplicar sus políticas inhumanas en Venezuela, es nuestra Constitución, que tiene como fin supremo remediar situaciones de inferioridad, evitando la perpetuación de las desigualdades, neutralizando sus consecuencias, removiendo obstáculos, buscando garantizar una igualdad material y real de oportunidades y condiciones, donde el Estado es la expresión del pueblo y la economía de mercado no es el principio regulador del resto de la sociedad (Pareto eficiente), y las políticas sociales no son compensatorias o de asistencia mínima vital, sino una política de producción social, felicidad y bien común, de autovaloración.
Nuestro modelo de Estado democrático social de derecho y de justicia removió obstáculos para garantizarnos una vida digna, guiado por elementos subversivos y anómalos en lo geopolítico, energético, auto valorándonos como nación, con soberanía e independencia, utilizando como palanca el dominio público de los recursos naturales y el ideario Bolivariano humanista, emancipatorio, que continentalizó la unión de espacios de poder privilegiando a la comunidad, a la familia y a la patria.
Por ello cualquier política destinada a abandonar el papel de Estado al servicio de la ciudadanía, privilegiando al libre mercado y la competencia, desregulando, congelando salarios y beneficios laborales, privatizando recursos naturales, renunciando a intervenir en la economía, no solo es contraria a nuestra Constitución, sino que a la larga será rechazada por los venezolanos y venezolanas.
Venezuela con su historia con su situación geográfica, con el conjunto de restricciones que sufre no puede ni debe proponerse una política económica, cultural y social ordoliberal, necesita una política proteccionista nacional y familiar que nos haga ser mejor de lo que somos, nos de coherencia en el tiempo, perdurando y no deshaciéndonos en el entorno hostil.
MARIA ALEJANDRA DIAZ
Constituyente
