La Justicia británica autorizó este lunes a Julian Assange a presentar un nuevo recurso contra su extradición a Estados Unidos, que le reclama desde 2019 por 18 delitos de espionaje e intrusión informática a raíz de las revelaciones de su portal WikiLeaks.
Los jueces Victoria Sharp y Jeremy Johnson le permitieron recurrir en concreto, en una futura audiencia, en relación a dos de las tres garantías ofrecidas por EE.UU. en abril sobre el tratamiento que recibirá si es juzgado en ese país, que la defensa considera insatisfactorias.
El tribunal entendió que merecen examinarse detalladamente en un juicio de apelación los argumentos del equipo legal de Assange de que éste será discriminado por su nacionalidad no estadounidense puesto que no se le asegura el amparo de la Primera Enmienda de la Constitución del país, que protege la libertad de expresión.
En cuestión las garantías estadounidenses
En una nota diplomática de «garantías» el mes pasado, el Gobierno de Washington dijo que el australiano de 52 años no se verá perjudicado por su nacionalidad y podrá «intentar plantear» como defensa la Primera Enmienda, si bien matizó que corresponderá a la Justicia estadounidense determinar si se le aplica o no.
El abogado de Assange, Edward Fitzgerald, mantuvo este lunes que estas garantías «no significan nada» e insistió en que su cliente no tendrá un juicio justo allí.
Este letrado recordó que el fiscal estadounidense del caso, Gordon Kromberg, ya avisó de que él podría esgrimir como argumento en un eventual proceso que «los ciudadanos extranjeros no tienen derecho a la protección bajo la Primera Enmienda, al menos en lo que se refiere a información de defensa».
El equipo legal del ex’hacker’, que no pudo asistir hoy a la vista por cuestiones de salud, consideró sin embargo válida la tercera garantía de EE.UU. de que no se le aplicará la pena de muerte, que no será recurrida.
En su turno de palabra, el fiscal británico James Lewis -en representación de Washington- insistió este lunes en que Assange tendrá garantizados todos los derechos procesales en Estados Unidos en base al principio de «no discriminación» de la Constitución nacional.
Lewis también arguyó que, aunque un juez estadounidense podría tener en cuenta «la ciudadanía» de un imputado a la hora de decidir si se le aplica la Primera Enmienda, «la nacionalidad (lugar de nacimiento) no es una consideración».
Según él, el argumento de Washington es que, independientemente de la cuestión de ciudadanía o nacionalidad, «la conducta imputada de revelar nombres de fuentes y ponerlas en riesgo inminente de daño no está cubierta por la Primera Enmienda».
Durante la sesión de hoy, el abogado Ben Watson, en representación del ministerio del Interior británico, dio por buenas las garantías estadounidenses y abogó por la extradición, que la entonces ministra Priti Patel ya firmó en junio de 2022.
Stella Assange, aliviada
Estados Unidos reclama al programador informático para juzgarle por la difusión en WikiLeaks en 2010 y 2011 de información clasificada que expuso violaciones de derechos humanos del Ejército estadounidense en las guerras de Irak y Afganistán.
