Primicias24.com.- El Congreso de El Salvador aprobaría este jueves una polémica ley de amnistía, dijeron diputados, una norma fuertemente criticada porque impedirá que sean encarcelados decenas de supuestos responsables de violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil del país centroamericano en la década de 1980.
Además, la “ley de reconciliación”, respaldada por los congresistas de los partidos tradicionales (el oficialista FMLN y el opositor ARENA), dejará en libertad a un militar encarcelado en 2016.
La Asamblea Legislativa está dominada por la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), quienes controlan 60 de las 84 curules. Para aprobar la norma sólo hace falta mayoría simple, o más de 42 votos.
“La pena de prisión se sustituirá por la pena de prestación de trabajo de utilidad pública, en jornadas de trabajo fijadas en la respectiva resolución, cuyo límite mínimo será de tres años y el máximo será de 10 años”, indica el proyecto de ley que sería discutido y aprobado el jueves.
El Salvador mantuvo una guerra civil entre 1980 y 1992 que enfrentó a la ex-guerrilla del FMLN y el Ejército (financiado por Estados Unidos) que dejó unos 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.
En julio de 2016 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional una ley de amnistía de 1993 que impedía que se investigara, enjuiciara y encarcelara a responsables de crímenes de guerra.
Por ello, los jueces ordenaron al Congreso aprobar una nueva norma que promoviera la reconciliación antes de julio de 2019, pero los diputados buscan pasar una ley que ha sido catalogada como “exprés” y que no ha sido consultada con las víctimas.
El presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, criticó la posible aprobación de la ley por considerar que va en contra del orden jurídico, la dignidad de las víctimas y porque promueve la impunidad.
Un pequeño grupo de familiares de víctimas de masacres durante la guerra civil acudió el jueves a la casa presidencial para solicitarle al mandatario saliente, Salvador Sánchez, del FMLN, que no avale la norma si se aprueba.
“Esa ley tiene muchos conflictos de intereses, esa ley protege a funcionarios públicos que están y han sido involucrados en muchas violaciones a los derechos humanos”, dijo Andrés García, de 64 años, cuyo padre fue asesinado en 1985 supuestamente por efectivos de la Guardia Nacional.
Agencias
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