la Procuraduría General de la República de México emitió un comunicado, donde destaca, que perseguirá penalmente a Francisco Garduño, director del Instituto Nacional de Migración (INM), así como a otros funcionarios, por la muerte de 40 migrantes en un incendio dentro de una estación migratoria al norte de México.
“Se inició proceso penal en contra de Francisco “N” y Antonio “N”, directores del INM, a quienes se les acusa de incurrir en conducta delictiva al desobedecer sus deberes de vigilancia, resguardo y seguridad de las personas e instalaciones objeto de su control, incentivando los delitos contra los migrantes”, según un comunicado de la Fiscalía General de la República (FGR).
Un incendio en el centro del INM en la ciudad fronteriza de Juárez el 27 de marzo resultó en la muerte de 40 migrantes, incluidos seis hondureños, siete salvadoreños, 18 guatemaltecos, siete venezolanos y un colombiano.
La Fiscalía mexicana afirmó que su actuación es el resultado de descubrir “un patrón de conducta en el que los responsables han descuidado las medidas de seguridad que eran necesarias y requeridas para estos casos”. «.
Lo anterior, luego de señalar que el rol del INM es ejecutar, administrar y fiscalizar todas las políticas migratorias nacionales.
El INM sigue cometiendo errores y omitiendo información.
La FGR recordó que otro incidente en un centro migratorio en Tenosique, Tabasco, en el sur del país, el 31 de marzo, ocurrió apenas cuatro días después del incendio en la estación migratoria en la frontera entre México y Estados Unidos y dejó una persona muertos y 14 heridos.
Asimismo, señaló que recientes dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación “señalan con toda claridad las faltas y omisiones que se siguen cometiendo en el INM; y señalan un patrón de irresponsabilidades y omisiones que se ha repetido y que ha sido la causa de estos lamentables hechos ya mencionados”.
Por ello, la Fiscalía mexicana también señaló que se iniciará acción penal contra los empleados públicos Salvador «N», Juan «N», Cecilia «N» y Eduardo «N», quienes, en sus palabras, «están vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones sufridas por las víctimas de estos delitos”.
La empresa privada a cargo de la seguridad en los centros del INM habría obtenido el contrato en base a contratos públicos de cesión directa, «omitiendo sus obligaciones de licitación pública y generando costos el doble de los que incurre en el sector público», según el informe. pagar por los mismos servicios».
La FGR continuó “También incumplieron con sus obligaciones obligatorias de capacitación, control y supervisión; y, más aún, ha quedado demostrado que la empresa se abstuvo de registrar a la gran mayoría de sus dependientes ante el IMSS, a lo que pretendía hacer durante los días posteriores a los hechos señalados
