Primciias24.com La vicepresidenta tercera del Congreso de Perú, Rosselli Amuruz, pidió este viernes a la mandataria Dina Boluarte que suspenda el pago de la cuota anual para la Organización de Estados Americanos (OEA), por considerar «que las sentencias de sus organismos vienen protegiendo a terroristas, creando un sentir de indefensa y desprotección en los peruanos».
Amuruz, que pertenece al partido derechista Avanza País, consideró a través de un comunicado que «no es justo que el país otorgue a la OEA una cuota anual de casi un millón de dólares, cuando algunos de sus organismos», como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), «con sus arbitrarios fallos, abren la puerta para reabrir juicios e indemnizar a delincuentes terroristas que desangraron al país».
La congresista también pidió a Boluarte plantear ante la OEA que se le impida a las organizaciones no gubernamentales realizar aportes que impidan la neutralidad e imparcialidad en las decisiones que adoptan los países de la región.
«Algunas ONG con el argumento de defender los derechos humanos, lo que hacen es proteger a terroristas y corruptos, lo cual debilita al Estado, al sistema democrático, a la tranquilidad de los ciudadanos», señaló Amuruz en la información difundida.
Exhortó a que en el seno de la OEA se discuta el impedimento de los Estados que no son parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos -Pacto de San José- a participar en las elecciones de jueces de Corte CIDH y de los integrantes de CIDH.
«Es necesario reestructurar el sistema de votación para la elección de jueces y comisionados de estos organismos, pues algunos países que participan con su voto no respetan los derechos humanos, lo cual hace que puedan elegir a personas que son idóneas para velar y proteger a los ciudadanos», concluyó.
La semana pasada se hizo público en Perú que la CIDH aceptó el año pasado una demanda del exlíder del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), Víctor Polay Campos, porque considera que se violaron sus derechos fundamentales en el momento de ser detenido y que su reclusión en la Base Naval de El Callao violó sus derechos a la libertad religiosa y de estudios.
Boluarte expresó «indignación y rechazo al petitorio del terrorista Polay y remarcó que «ni un sólo sol del erario público será para pagar a terroristas», pues «el dinero servirá para la salud, la educación y la seguridad de todas las peruanas y los peruanos», en alusión a las pretensiones de la demanda de Polay.
El MRTA es la segunda organización subversiva incluida en el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) como responsable del conflicto armado interno que se cobró la vida de 69.000 víctimas. EFE
