Primicias24.com En un sondeo realizado por la encuestadora Metricontexto, el 55,3 % de los colombianos perciben que el presidente de su país, Gustavo Petro, mantiene una lucha frontal contra la corrupción en el gobierno.
Sin embargo, el 37,1 % dijeron que no notan las acciones contra el flagelo y el 7,6 % se abstuvieron de comentar.
Petro cumplió el pasado 7 de agosto un año de su instalación en la Casa de Nariño, lugar al que llegó tras imponerse con el 50,44 % de los votos sobre los 47,31 % de Rodolfo Hernández.
Victoria que obtuvo el izquierdista por sus propuestas, entre ellas está la lucha contra corrupción, flagelo en el que, según Transparencia Colombia, alcanzó avances como:
- La aprobación de medidas legislativas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), la cual contiene tres ámbitos novedosos: La elaboración de una Estrategia Nacional de Lucha Contra la Corrupción con el enfoque de derechos humanos; la ampliación del alcance de iniciativas de lucha contra la corrupción a nivel territorial y la incorporación de medidas o estrategias de transparencia y lucha contra la corrupción en el sector ambiental y en el sector defensa, ambos muy relevantes para el país.
- La reforma al proceso de toma de decisiones del OCAD Paz establecida en el artículo 16 del PND, cuyos ajustes están avanzando en el Departamento de Planeación Nacional.
- Disposición hacia una mayor apertura y publicidad de la información sobre los procesos de contratación relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz, y por esta vía, enfrentar los riesgos de corrupción que aún enfrenta este proceso.
Petro es frontal en medio del escándalo
En los últimos meses, el jefe de Estado de la nación neogranadina enfrentó dos casos relacionados a la corrupción.
El primero de ellos ocurrió en junio pasado, cuando Petro retiró de sus cargos a dos de sus funcionarios más cercanos como consecuencia de un escándalo que involucró a Laura Sarabia, su exjefa de gabinete, y Armando Benedetti, exembajador de Colombia en Venezuela.
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Sarabia fue señalada de abuso de poder por su exniñera, que la acusó de someterla a una prueba de polígrafo por un robo.
Posteriormente, se conocieron unos audios que reveló la revista Semana en los que Benedetti amenazaba a Sarabia con dar a conocer el ingreso de dinero ilícito a la campaña presidencial de Petro.
Una situación similar ocurrió a finales de julio, pero en esta oportunidad estuvo involucrado Nicolás Petro, hijo mayor del mandatario colombiano y que fue imputado por la Fiscalía por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Acusaciones que se basan en una investigación que emprendió el ente público luego de que Day Vásquez, exesposa de Petro Burgos y también detenida, denunciara que había recibido dinero ilegal para la campaña del ahora presidente, que nunca habría llegado a su destino.
Aseguró, en una entrevista de Semana, que ese dinero quedó en manos del hijo de Petro para engrosar su patrimonio.
Pero Petro Burgos reveló que el dinero sí habría llegado a la campaña de su padre, sin que éste lo supiera. A la luz de estas revelaciones, el Congreso empezó una investigación contra el presidente.
Gustavo Petro en todo momento mostró apoyo a su hijo, pero también afirmó que la Fiscalía tendrá “todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley”.
Lucha contra la corrupción
Esta situación no le impidió al presidente Petro responder con fiereza ante el Grupo Aval y Corficolombiana que eran investigados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) por el pago de sobornos para lograr participación en el circuito de actos corruptos del proyecto Ruta del Sol II, de la mano de su socio Odebrecht.
En ese sentido, Petro ordenó a la Cancillería articular la colaboración jurídica transnacional que permita identificar los daños que representó para el país el caso Odebrecht.
Asimismo, afirmó que se deben revisar los contratos entre Corficolombiana y el Estado «comenzando por el contrato de estabilidad jurídica a la luz de la ley colombiana”.
