Primicias24.com El 51,7 % de los migrantes y refugiados residentes en Chile tienen dificultades económicas para cubrir sus gastos esenciales y una alta probabilidad de endeudamiento en caso de pérdida del trabajo, según un estudio difundido este lunes por la Universidad de Talca y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
“El 51,7% de los 1.053 entrevistados señalan que, en caso de perder el trabajo, no tienen reservas económicas para cubrir los gastos del mes”, explicó el director del Centro Nacional de Estudios Migratorios de la universidad, Medardo Aguirre.
La investigación también arrojó que el 61,5% de los encuestados no tienen acceso a una cuenta corriente, una tarjeta o una línea de crédito y que el 73,3 % recurren a otros trabajos adicionales u horas extras para incrementar sus ahorros.
Los pocos que sí tienen tienen acceso a financiamiento formal «lo utilizan, por ejemplo, para cubrir necesidades básicas y deudas como vestimenta y dividendos. Es decir, se van endeudando para ir cubriendo los gastos que les quedan de cada mes”, apuntó el investigador.
“Lo que estamos observando con la población migrante es muy similar a lo que sucede con los chilenos”, añadió Aguirre.
Pese al alto coste de la vida, Chile es uno de los países más atractivos para migrar dentro de América Latina por su estabilidad política y económica y en los últimos años ha aumentado considerablemente el número de migrantes que han llegado al país en búsqueda de nuevas oportunidades, principalmente venezolanos.
Se calcula que actualmente hay 1,4 millones de migrantes, lo que equivale a más del 7 % de la población, siendo los venezolanos los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.
En los últimos años, la zona norte de Chile ha experimentado varias crisis migratorias, con olas masivas de ingresos clandestinos de migrantes y el colapso de pequeñas localidades fronterizas.
Para tratar de frenar los ingresos clandestinos, Chile militarizó su frontera norte con Perú y Bolivia el pasado febrero, una medida ampliamente cuestionada por organismos como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). EFE
