Primicias24.com La organización no gubernamental de defensa de los derechos humanos Human Right Watch (HRW) denunció este martes “graves fallos” en las investigaciones de un operativo policial que dejó 28 personas muertas en el estado brasileño de São Paulo en agosto y septiembre pasado.
El informe “Prometieron matar a 30: Muertes por acción policial en la Baixada Santista” analizó documentos de la Operación Escudo, que terminó el 5 de septiembre después de cuarenta días de intensas acciones en barrios periféricos de municipios en el litoral del estado de São Paulo.
“Entre los defectos, destacamos informes policiales en los que la Policía no solicitó pruebas forenses en la escena del tiroteo” y otros “en los que los cuerpos -de las víctimas- llegaron al IML (Instituto de Medicina Legal) sin ropa”, explicó la nota.
De acuerdo con la entidad, también fueron detectados casos “en los que la Policía Civil tomó declaración a policías militarizados de forma conjunta, en lugar de hacerlo individualmente”.
A petición de HRW, expertos forenses internacionales analizaron los informes de 15 autopsias y concluyeron que estaban incompletos y no cumplían las normas internacionales mínimas.
El pasado 5 de septiembre las autoridades de São Paulo dieron por concluido el operativo policial en el litoral del estado más rico y poblado de Brasil en el que 958 personas -382 prófugos de la Justicia- fueron detenidas y se confiscó una tonelada de drogas.
La Policía, además, decomisó 117 armas, entre ellas fusiles y ametralladoras.
El operativo comenzó el 28 de julio después de la muerte de un miembro del Batallón de Operaciones Especiales de la Policía Militarizada en Guarujá, una turística ciudad playera.
La acción de las autoridades para dar con los responsables desencadenó una serie de muertes, entre las que aparecen personas civiles y víctimas de la violencia policial, según denunciaron algunas organizaciones de defensa de los derechos humanos.
Para HRW, Brasil tiene “un grave problema de uso excesivo de la fuerza policial”, por lo que las autoridades “deberían adoptar protocolos para prevenir ‘operaciones de venganza’ cometidas por operación policial”. EFE
