Primicias24.com La Fiscalía colombiana imputó a 24 militares, entre ellos un teniente coronel, el delito de homicidio en personas protegidas, derivado de su participación en una operación realizada en marzo de 2022 en el departamento del Putumayo (suroeste), en donde murieron 11 personas, la mayoría civiles.
Los vinculados son tres oficiales, cuatro suboficiales y 17 soldados. Entre las víctimas del homicidio están un gobernador indígena, un líder social y un menor de edad, explicó la Fiscalía en un comunicado.
La operación militar se desarrolló, supuestamente, para capturar a uno de los líderes de una disidencia de las FARC, que testigos dijeron que no se encontraban en la zona del caserío Alto Remanso, en el municipio de Puerto Leguízamo, cuando los militares incursionaron.
Sin embargo, en esa ocasión organizaciones sociales dijeron que en realidad se trató de una masacre de indígenas que el Ejército luego trató de hacer pasar por guerrilleros.
Líderes comunitarios denunciaron que incluso el Ejército le puso botas a los cadáveres para hacerlos pasar como presuntos integrantes de las disidencias de las FARC.
Según el Ejército, el objetivo de la operación era Carlos Emilio Loaiza, alias «Bruno», parte de la comisión financiera de los Comandos de Frontera, que supuestamente están aliados con la Segunda Marquetalia, una disidencia de las FARC liderada por alias «Iván Márquez».
