Primicias24.com El ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Roberto Álvarez, aclaró este martes que el país no tiene restricciones a vuelos oficiales procedentes de Haití, por lo que no existe impedimento para que una delegación haitiana asista a la toma de posesión de Luis Abinader como presidente.
Asó lo expresó la cartera de exteriores dominicana como respuesta a las afirmaciones aparecidas en medios de comunicación sobre la supuesta negativa del Gobierno de transición de Haití y del primer ministro, Garry Conille, para acudir a la investidura de Abinader, con el pretexto del cierre del espacio aéreo entre ambos países, que sí se aplica a los vuelos comerciales.
A través de varios mensajes en su cuenta de X, el canciller dominicano reaccionó a las publicaciones que señalan que las autoridades haitianas habrían declinado asistir a la ceremonia.
“El 1 de agosto, en conversación telefónica con la canciller de Haití, me preguntó que si no era necesario levantar el cierre del espacio aéreo para ellos poder viajar a la juramentación del presidente Abinader”, publicó Álvarez en un primer mensaje.
En sucesivas publicaciones, el ministro explica que respondió “que toda solicitud de vuelo de las autoridades haitianas sería autorizada inmediatamente, al igual que las de los otros dignatarios invitados”.
“Por motivos de seguridad, el espacio aéreo” entre ambos países “permanece cerrado para vuelos comerciales, pero no para vuelos oficiales, humanitarios o similares. Además, instruí al embajador dominicano visitar la Cancillería haitiana para reiterar lo anterior”, expuso.
“No hay impedimento alguno para que las autoridades haitianas asistan a la juramentación del presidente Abinader. Hubiese sido un momento propicio para reiniciar el diálogo con el Gobierno de transición”, concluyó Álvarez.
El pasado 5 de marzo, la Junta de Aviación Civil (JAC) dominicana emitió una resolución que suspendía las operaciones aéreas de pasajeros y carga desde y hacia Haití, amparándose en el Convenio de Aviación Civil Internacional, que permite que los estados se reserven el derecho a restringir o prohibir temporalmente los vuelos sobre su territorio “en circunstancias excepcionales, durante un período de emergencia o en interés de la seguridad pública”.
