Primicias24.com.- La batalla legal entre el Poder Judicial y el presidente Donald Trump por haber invocado la Ley de enemigos extranjeros, que permitió enviar a más de 200 venezolanos a cárceles de El Salvador bajo acusación de ser miembros del Tren de Aragua, tuvo un rudo episodio este lunes.
Aún sin una conclusión del proceso, pero con pasos firmes, el juez James Boasberg decidió mantener bloqueadas las expulsiones de ciudadanos de ese país bajo este estatuto y pide que antes de ser removidos puedan probar de forma individual ante una corte que no pertenecen a la banda criminal.
Boasberg, juez a cargo de la Corte de Distrito de DC, hace el análisis de su decisión en el caso de cinco venezolanos que el 15 de marzo estaban detenidos en Texas y solicitaron medidas de emergencia. Ante su tribunal pidieron que se frenaran sus deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, que los expulsaba «de forma sumaria», citó Univisión.
«El Gobierno se equivocó», escribe el juez en su razonamiento. «Todos niegan vehementemente ser miembros del Tren de Aragua y, por lo tanto, estar sujetos a la proclamación. De hecho, varios afirman que huyeron de Venezuela (…) y temen graves consecuencias si son deportados únicamente por la clasificación indiscutible del gobierno», se lee en el documento de 37 páginas.
En su opinión, Boasberg mostró las mismas conclusiones en los casos de estos cinco venezolanos, que motivaron a contrarreloj su Orden de Restricción Temporal (ORT) de deportaciones bajo el uso de la ley de 1798. Cuenta que fueron interrogados sobre su filiación a la pandilla y que, aunque negaron «firmemente» ser miembros de la banda, en el pasado o en el presente, fueron trasladados desde centros de detención en distintas partes del país a la instalación del sur de Texas, como otros 100 venezolanos a los que les dijeron que serían deportados.
El juez Boasberg sentó esta opinión horas antes de que una Corte de Apelaciones escuchara este lunes los argumentos del gobierno para desafiarlo: en esa instancia, Trump buscará reasignar el caso a otro juez de distrito y dejar sin efecto su orden temporal de restricción para frenar nuevas deportaciones de venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
