Primicias24.com– La administración de la Casa Blanca prepara una propuesta para retirar aproximadamente $9.300 millones en fondos federales asignados a medios de comunicación públicos y agencias que, según alega, no se alinean con sus prioridades políticas. La información, adelantada por el diario The Hill, fue confirmada por un funcionario del gobierno, quien indicó que el paquete se enviará al Congreso tras el receso de Pascua, que finaliza el 28 de abril.
Entre los organismos afectados destacan la Corporación para la Radiodifusión Pública (CPB) —que supervisa cadenas como PBS (televisión) y NPR (radio)—, la ya desmantelada Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Instituto de la Paz de EE.UU., todos señalados en el pasado por el expresidente Donald Trump por considerarlos «sesgados» o «poco eficientes».
Argumentos del recorte
La propuesta sostiene que estas entidades «no comparten los objetivos del actual Gobierno» y cita ejemplos polémicos para justificar los recortes:
- NPR: Menciona publicaciones antiguas de su directora ejecutiva, Katherine Maher, quien en redes sociales tildó a Trump de «fascista» —declaraciones por las que luego se disculpó—.
- PBS: Critica la emisión de un documental sobre una mujer transgénero en una liga de bolos, así como proyectos de USAID como uno de 750.000paracombatirlaxenofobiaenVenezuela∗∗ootrode∗∗750.000paracombatirlaxenofobiaenVenezuela∗∗ootrode∗∗500.000 para una flota de autobuses eléctricos en Ruanda.
Antecedentes y reacciones
Esta iniciativa se enmarca en una larga batalla de la administración Trump contra el financiamiento a medios públicos, a los que acusa de tener un sesgo liberal. Durante su mandato, logró desmantelar casi por completo USAID —aunque enfrentó obstáculos judiciales— y obligó a directivos de PBS y NPR a comparecer ante subcomités del Congreso para defender sus prácticas editoriales.
Organizaciones defensoras de la libertad de prensa y legisladores demócratas han calificado el plan como un «ataque a la información independiente», mientras que sectores conservadores lo celebran como un ajuste necesario para «evitar el mal uso de fondos públicos».
El Congreso tendrá la última palabra, pero el debate promete reavivar tensiones en un año electoral marcado por la polarización.
