Primicias24.com- Las protestas en Panamá entraron este martes en su tercera semana consecutiva, marcadas por enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas antidisturbios, en rechazo a reformas impulsadas por el gobierno del presidente José Raúl Mulino, incluyendo cambios al sistema de seguridad social y un controvertido pacto de seguridad con Estados Unidos.
Según datos de la Policía Nacional (PN), el saldo de las movilizaciones asciende a 196 personas arrestadas, en su mayoría maestros del sector público, miembros del sindicato de construcción Suntracs y trabajadores de fincas bananeras. Los disturbios se han extendido por varias regiones del país, incluyendo Veraguas, Chiriquí y la capital panameña.
Represión contra indígenas y docentes
En la localidad de Viguí, Veraguas, agentes policiales lanzaron gases lacrimógenos contra grupos indígenas que bloqueaban la Vía Interamericana, principal arteria vial del país. Testigos reportaron detenciones violentas, con al menos 12 arrestos registrados ayer, la mayoría miembros de la etnia Ngäbe Buglé.
La Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof) denunció que varios docentes han sido detenidos durante las protestas. Fernando Ábrego, líder sindical, cuestionó el accionar policial en un video difundido por Suntracs: «¿Quién está trancando la vía, los docentes o la Policía Nacional? La Policía no deja pasar los carros», exclamó frente a un cordón de seguridad en el centro de la capital.
Paro nacional y reclamos
Las protestas iniciaron el 23 de abril, cuando los maestros declararon un paro indefinido en rechazo a una reforma a la Caja del Seguro Social, que, según ellos, perjudica el sistema pensionario. A la movilización se han sumado indígenas, trabajadores de la bananera Chiquita, médicos y farmacéuticos.
Además de la reforma previsional, los manifestantes exigen la derogación de un pacto de seguridad con EE.UU., al que consideran una amenaza a la soberanía nacional.
El jefe de la PN, Jaime Fernández, informó que en 21 días de protestas se han registrado más de 480 cierres de calles. Mientras el gobierno insiste en el diálogo, las organizaciones sociales prometen mantener la resistencia hasta que sus demandas sean atendidas.
