Primicias24.com La Fiscalía del Perú presentó una denuncia constitucional contra la presidenta, Dina Boluarte, por su responsabilidad en las muertes ocurridas durante las protestas contra su Gobierno.
«El hecho de haber derrocado [de la presidencia] a Pedro Castillo y nombrado en su lugar a Dina Boluarte [en diciembre de 2022], fue un elemento legal que hoy en día aún sigue cuestionado. Eso provocó que el pueblo, fundamentalmente en las ciudades de provincia como Ayacucho, Cusco y Puno, se levantaran en contra de este acto en principio ilegal y generó mucho descontento social», aseguró Jaime Hutchins, sociólogo de la Universidad Mayor de San Marcos de Perú a Acentos.
Según el experto, la respuesta del Gobierno fue contundente, ya que «la represión fue más allá. Fue una represión con muertos. Salieron a matar a los manifestantes. Eso está comprobado en el curso de estos meses y aún no hay justicia».
Además, señaló que «las decisiones de esas matanzas salieron desde el Ejecutivo. La orden fue que la policía reprima con balas».
Hutchins también criticó el blindaje político que ha protegido a la mandataria. En sus palabras, «Dina Boluarte niega toda responsabilidad. El blindaje entre el Congreso y el Ejecutivo se fue consolidando. Todo lo que se quiso realizar contra Boluarte terminó vetado, las áreas legales del Estado fueron bloqueadas para que esta causa no avance».
