Primicias24.com (Opinión) – La Consternación y horror por la desventura ocurrida en el recinto de la Comandancia de Carabobo, este miércoles de ceniza, donde se registró un motín e incendio ocasionando la muerte por incineración y asfixia de 66 hombres reclusos y 2 mujeres visitantes (pernocta) impone la obligación de analizar esta dramática situación carcelaria que, irónicamente, se produce al inicio de cuaresma donde miles de feligreses bajo un rito característico de esta celebración Santa, incinera los ramos bendecidos en el Domingo de Ramos.
Pocas han sido las explicaciones sobre esta tragedia frente a la ineficacia del Sistema Penitenciario, ésta última, como uno de los incidentes más graves de esta naturaleza registrada en Venezuela, supera lo ocurrido en el 2013 en la cárcel de Uribana con 61 muertos y en la Amazonia en el año 2017 con 38. Los presos, sin importar el motivo de su detención, se encuentran atrapados tras los barrotes de un sistema de justicia que no da respuesta a tan grave situación de retardo procesal y hacinamiento generalizado en las prisiones venezolanas por el uso abusivo de la detención preventiva. En este momento los voceros hablan de establecer responsabilidades y profundizar la investigación de tan lamentable hecho, sin aceptar y entender que los errores y desidia judicial cuestan caros y cobran vidas.
El centro de captura de Policarabobo tiene una capacidad para 30 reclusos y albergaba a 200 privados de libertad, la mayoría en espera de audiencias y juicios que les permitieran despejar su situación jurídica. Los detenidos, mientras esperan proceso son apilados en calidad de depósito en los centros de captura, sin espacio suficiente para moverse, sentarse o dormir; lo cual aumenta la posibilidad de que se produzcan tensiones y conflictos entre los detenidos y el personal a cargo de su custodia produciendo consecuencias potencialmente severas en cuanto a la seguridad de los privados, así también en cuanto a la supervisión y seguridad del establecimiento. Las familias de éstos privados reviven su crucifixión día a día y hoy tristemente terminan su calvario para descansar en paz.
Las denuncias sobre estos hechos por parte de quienes tenemos la titánica misión de defender y proteger los Derechos Humanos han sido innumerables, incluso las soluciones, pero el Estado hace oídos sordos de espaldas a la realidad que los circunda y defiende su gestión de intereses frente a las exigencias de la población carcelaria dejando secuelas dañinas y permanentes.
La tragedia ocurrida en la Comandancia General de Policarabobo es una muestra de ineptitud e incapacidad cuando no solo se trata de investigar o determinar las causas sino de prevenirlas, no se trata de ofrecer reparaciones a las familias de las víctimas sino de asegurarle a sus privados de libertad un proceso justo y sin dilaciones indebidas porque: “la justicia si es lenta no es justicia”. Se trata de asegurar que los detenidos sean tratados humanamente y con respeto hacia su dignidad. Se trata de una respuesta multidimensional coordinada entre las autoridades a través de políticas públicas tendentes a superar la ignominiosa situación penitenciuaria. Se trata de unir esfuerzos entre los actores tales como poder judicial, fiscales, policía, administradores de justicia y organismos supervisores para romper con el ciclo de hacinamiento. el fondo exige de la implementación de las políticas sociales tendentes a combatir el delito, garantizar el principio de la “presunción de inocencia” aplicando medidas alternativas al encarcelamiento para enfrentar tan dramática situación.
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