Primicias24.com (Opinión) – En Venezuela el 25 de noviembre del año 2014, se oficializó en Gaceta Oficial No. 40.548 la Reforma de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la cual se tipificó como delito bajo el nombre de “FEMICIDIO o FEMINICIDIO”, una forma extrema de violencia de género causada por el odio o desprecio a la condición de la mujer por muerte intencional o lesiones gravísimas, producidas éstas tanto en el ámbito público como privado.
Se considera un agravante de este delito cuando medie o haya mediado entre el agresor y la víctima una relación de afectividad, con o sin convivencia. Este último punto en particular es de notable interés al considerar que en nuestro país existen casos recientes de conocimiento público, notorio y comunicacional que han dado cuenta de este tipo delictual, no obstante el agresor se ampara en su superioridad frente a la mujer víctima, al ostentar cargos públicos de alta jerarquía, que lo hacen inmune para recibir todo el peso de la Ley, al punto de que no es presentado por ante los Tribunales competentes en la materia, desmeritando el derecho de la mujer a obtener medidas de protección y seguridad en resguardo de su integridad física; lo cual pone en evidencia el deterioro del estado social de justicia y de derecho donde se supone que todo ciudadano debe obtener una tutela judicial efectiva, sin privilegios ni discriminaciones de ningún tipo.
Es por ello, que la Violencia de Género actualmente en Venezuela con este tipo de casos, documenta la estadística como “una verdad que no se nombra” donde se vulneran los derechos humanos de las mujeres, cuando el agresor es un alto funcionario del Estado sobre quien no recae justicia alguna sino por el contrario pasa a ser el protegido, lo que impide el ejercicio de las libertades y goce efectivo de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia.
Tal situación, propone un desafío para enfrentar esta realidad por parte de los activistas de derechos humanos de las mujeres pero además el impulso de fiscalías, defensorías y tribunales especializados en la materia para que estos hechos no queden impunes lo cual implica procesos de transformación cultural, social, humana, además de las actuaciones jurídicas que incidan en el hecho preventivo.
Es por este tipo de hechos que la Violencia de Género se mantiene bajo las sombras de la impunidad sin que el Estado tome medidas efectivas al respecto.
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