Primicias24.com- Por presunto lavado de dinero y violación a la ley de prácticas corruptas en el extranjero, el Gobierno de los Estados Unidos (EEUU) incluyó a Raúl Antonio Gorrín Belisario -dueño del canal venezolano Globovisión- como uno de los delincuentes más buscados.
EE.UU. lo acusó de haber pagado unos 159 millones de dólares en sobornos a dos ex altos funcionarios venezolanos, a quienes además ayudo a lavar esos fondos ilícitos.
La acusación, fue presentada el pasado agosto en una corte del Distrito Sur de Florida. Sin embargo, la petición de la Fiscalía, permaneció bajo reserva hasta el 18 de noviembre con el fin de proteger la investigación.
El documento de las autoridades judiciales estadounidenses, señaló que entre 2008 y 2017, Gorrín “ofreció y efectivamente pagó sobornos a dos altos funcionarios con autoridad para tomar decisiones” en la Oficina Nacional del Tesoro a fin de que le permitieran realizar operaciones de cambio de divisas para el Gobierno venezolano.
Además, en 2003 –según el texto- el Gobierno del ex presidente Hugo Chávez, estableció un sistema de control cambiario a través del cual las autoridades fijan la tasa y la cantidad de divisas que los ciudadanos y las empresas pueden adquirir. El mecanismo se mantiene con ligeras variaciones, permitiendo que “miembros de la élite empresarial con conexiones con el Gobierno se enriquezcan” adquiriendo divisas a una tasa baja a la vigente en el mercado paralelo.
El empresario venezolano, también es acusado de pagar bienes de lujo, como propiedades, jets privados, caballos, joyas de alta gama, ropa de marca, entre otras ostentosidades, obtenidas supuestamente de sobornos y transacciones ilícitas mediante empresas de maletín.
El banco Peravia en República Dominicana, presuntamente también fue adquirido por Gorrín junto a otros socios para lavar dinero.
El dueño de Globovisión, según el Gobierno estadounidense está residenciado en Miami, aunque las autoridades reportan haberlo visto por última vez en la ciudad de Caracas.
En noviembre de 2018 EEUU confiscó sus propiedades, valoradas en 77 millones de dólares aproximadamente, mientras el pasado enero la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) lo incluyó en su lista de sancionados junto a su socio Gustavo Perdomo.